
El gabinete de Claudia Sheinbaum regresó de Washington con una bolsa modesta pero tangible: una reducción al 1 % del impuesto a las remesas en efectivo, la reapertura escalonada de las exportaciones de ganado bovino y un borrador técnico para cubrir el déficit de agua del río Bravo. Son logros parciales, conseguidos -según confirman negociadores de ambos lados- en maratónicas rondas que mezclaron presión empresarial, llamadas nocturnas y la amenaza latente de nuevos aranceles al acero y la cerveza. Pese al tono triunfal de la Cancillería, el propio presidente Donald Trump subrayó que “todavía falta” y recordó que el 9 de julio vence la pausa de gravámenes que él mismo dictó en mayo. La celebración mexicana, por lo tanto, convive con una cuenta regresiva.
La negociación sobre remesas fue la más simbólica. Trump proponía gravar todos los envíos con un 5 % para financiar el muro fronterizo; luego admitió bajar a 3,5 % y finalmente aceptó el 1 % solamente a transferencias en efectivo, que hoy representan menos del 1 % del flujo total. El equipo mexicano argumentó que un impuesto más alto habría golpeado a familias vulnerables y, de paso, incentivado el mercado informal. Finabien ya diseña reembolsos automáticos, aunque las remesadoras temen costos administrativos. Más allá del alivio, expertos advierten que la medida podría escalar de nuevo si la campaña electoral se encona.
Tras el brote de gusano barrenador en mayo, Estados Unidos vetó por completo el ganado mexicano, un golpe de casi 1 000 millones de dólares anuales para 16 estados fronterizos. El acuerdo anunciado allana una reapertura gradual: primero becerros de zonas libres certificadas, luego engorda y, por último, animales reproductores. La duración del plan piloto es de 120 días y contempla auditorías semanales del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Plantas (APHIS). Las autoridades estatales esperan que el comercio pueda normalizarse en octubre “si no hay incidentes”.
El tercer avance aborda un problema crónico: México arrastra un déficit de 650 000 acre-pie (unos 802 millones m³) en el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. La Minuta 331 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) prevé entregar volúmenes extraordinarios y redistribuir aportes en seis tributarios del río Bravo. Funcionarios de Chihuahua y Tamaulipas celebran el compromiso, pero advierten que la sequía se mantiene en categorías “extrema” o “excepcional” en 42 % de la cuenca. El plan, señalan, depende de que los próximos dos ciclos agrícolas registren lluvias suficientes.
Aunque los tres miniacuerdos generan optimismo, el riesgo de una escalada arancelaria permanece vivo. Trump dejó escrito que, si “no se percibe progreso real”, impondrá tarifas de hasta 25 % sobre acero, productos agroindustriales y autopartes. El sector privado mexicano intensifica el lobby en el Capitolio y la Oficina del Representante Comercial (USTR); en paralelo, Hacienda prepara listas espejo de represalias -azúcares, manzanas y bourbon- para el peor escenario.
Los avances ponen también de relieve cierta fragilidad institucional. México opera sin subsecretario para América del Norte desde abril y la legación en Washington enfrenta recortes. A falta de canales técnicos, la relación pende de la línea directa Sheinbaum‑Trump, responsable de 10 llamadas desde febrero. La próxima gran prueba será la revisión del T‑MEC en 2026. Consultoras especializadas advierten que Trump podría usar el mecanismo para exigir mayores reglas de origen o incluso amenazar con salirse del tratado.
La ronda de julio confirma un patrón conocido: Trump concede pequeños gestos —fácilmente reversibles— mientras mantiene viva la amenaza de aranceles como palanca electoral. México ganó tiempo, sobre todo para su sector agropecuario y el flujo de remesas, pero no alteró la asimetría fundamental ni aseguró la paz comercial más allá de una semana. Con un Congreso estadounidense polarizado y recursos diplomáticos menguantes en la Cancillería, la estrategia mexicana parece confiar en la interlocución presidencial y la presión empresarial.
Esa apuesta, aunque pragmática, implica aceptar negociaciones de crisis en lugar de un marco estable. De cara a 2026, la clave será institucionalizar canales técnicos y recuperar capacidad de respuesta antes de que la diplomacia reactiva se vea superada por una nueva ronda de tarifas.