Jeannette Jara sacude Chile con su “sueldo vital” y reforma tributaria

La ex ministra del Trabajo chilena Jeannette Jara, flamante candidata presidencial de la coalición Unidad por Chile, irrumpió esta semana en la agenda con una batería de anuncios económicos que prometen subir el piso salarial, redistribuir la carga impositiva y dinamizar la inversión pública. Su holgada victoria en las primarias del 30 de junio refuerza su capacidad de negociación interna y la sitúa a solo cinco meses de la primera vuelta.

En el núcleo del debate aparecen tres medidas: un “sueldo vital” de 750 000 pesos mensuales, un impuesto permanente a los patrimonios superiores a cinco millones de dólares y una estrategia de crecimiento guiada por la demanda interna con un rol protagónico del Estado en sectores estratégicos como el litio. Cada propuesta despierta entusiasmos y recelos: mientras las centrales sindicales las califican de “históricas”, los gremios empresariales anticipan efectos adversos sobre empleo e inversión.

Sueldo vital de 750 000 pesos

La iniciativa estrella de Jara busca incrementar el salario mínimo desde los actuales 500 000 pesos hasta llegar, en 2029, a los 750 000 pesos definidos como umbral de subsistencia digna. El aumento sería escalonado y acompañado, según el comando, de subsidios transitorios para micro y pequeñas empresas y de programas de productividad. Expertos independientes estiman que el costo fiscal de los subsidios sería significativo pero abordable dentro de las cuentas fiscales.

Los detractores advierten que, sin un salto paralelo de productividad, el alza podría eliminar miles de puestos de trabajo y presionar los precios al alza. Sin embargo, la CUT replica que la medida inyectaría miles de millones de dólares adicionales al consumo interno, generando un efecto multiplicador. Algunas proyecciones sugieren que el impacto inflacionario sería acotado si el ajuste se reparte en varios años.

Reforma tributaria progresiva

El segundo pilar del programa es una reforma tributaria que aspira a elevar la recaudación en tres puntos del PIB a partir de 2027. El instrumento emblemático es un gravamen anual del 3 % sobre patrimonios que superen los cinco millones de dólares, complementado con la eliminación de exenciones a rentas de capital y un alza en el tramo más alto del impuesto a la renta. Esta medida busca financiar parte importante del nuevo gasto social.

Empresarios agrupados en la CPC advierten que la medida puede desplazar inversión hacia otros países y frenar la creación de nuevas plazas formales. Para mitigar el riesgo, el equipo de Jara propone una cláusula que ajustaría automáticamente tasas si la inversión extranjera directa se ve gravemente afectada. Aun así, persisten dudas sobre la efectividad y el equilibrio de este esquema.

Impulso a la demanda interna

El tercer eje se articula en torno a un plan de gasto público verde y social que incluye la creación de una empresa nacional de litio para asociarse con privados bajo un modelo mixto, la expansión del presupuesto de infraestructura hospitalaria y la universalización de la sala cuna. El paquete requeriría una inyección adicional de recursos en el periodo 2026–2028, con fuentes de financiamiento diversificadas.

Jara insiste en que el aumento del gasto no vulneraría la regla de balance estructural, ya que la deuda pública se mantendría bajo niveles prudentes. Algunos informes técnicos coinciden en que, si se cumplen las metas de crecimiento, la sostenibilidad fiscal no estaría en riesgo. Sin embargo, si el crecimiento se estanca, la presión sobre las cuentas públicas podría aumentar considerablemente.

El duro juicio de David Bravo al “sueldo vital” de $ 750 mil que propone Jeannette Jarahttps://t.co/FnqAzekE77

— La Tercera (@latercera) June 30, 2025

La izquierda actua

Desde una perspectiva histórica, la propuesta de “sueldo vital” evoca las discusiones de los años setenta sobre salario social y conecta con la ola regional de aumentos mínimos observados en México y Brasil. No obstante, el contexto macro chileno —inflación controlada, pero debilidad de productividad— sugiere que el margen para incrementos reales se ha estrechado. Si la reforma salarial no viene acompañada de capacitación intensiva y digitalización de pymes, el riesgo de desempleo estructural aumenta.

En paralelo, la reforma tributaria y el plan de gasto verde pueden reforzar la legitimidad fiscal si se traducen en mejor infraestructura y cohesión social. Pero el equilibrio político será delicado: Jara deberá negociar con una oposición que controla el Senado y con partidos oficialistas escépticos. El éxito de su agenda dependerá de combinar gradualidad y señales claras al mercado.