Claudia Sheinbaum enfrenta el huachicol: estrategias y desafíos de su gobierno

El estallido de Tlahuelilpan en 2019, con 137 muertos, marcó el punto más trágico del huachicol, pero no su final. Seis años después, México enfrenta una versión evolucionada del saqueo energético: redes que perforan ductos, ordeñan buques y montan refinerías artesanales mientras extienden tentáculos financieros. Solo entre enero y marzo de 2025, Pemex reportó pérdidas superiores a 5.471 millones de pesos, un 17 % más que el mismo periodo del año anterior, evidencia de que la ofensiva lanzada por la nueva administración todavía no dobla la curva criminal.

El gobierno de Claudia Sheinbaum declaró el combate al huachicol como prioridad estratégica desde su primer consejo de seguridad. Las medidas van desde una reestructuración corporativa de Pemex -que busca trazabilidad obligatoria para cada litro- hasta operativos conjuntos con ejército y Guardia Nacional que, a finales de junio, dejaron 32 detenidos y 2 millones de litros recuperados. Sin embargo, cada golpe descubre la misma realidad: los grupos delictivos se adaptan con rapidez, explotan la precariedad económica de comunidades rurales y cuentan con complicidades oficiales.

Costo millonario

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda, el huachicol provocó en 2024 un boquete fiscal cercano a 9.000 millones de dólares entre pérdidas directas y evasión de impuestos. Esa sangría complica la viabilidad de un Pemex ya asfixiado por una deuda que rebasa los 101.000 millones de dólares. Analistas advierten que un incremento sostenido del robo de combustible podría obligar al Gobierno a recortar programas sociales o incrementar deuda soberana, medidas políticamente tóxicas en víspera de elecciones legislativas.

Las cifras esconden un segundo impacto: el medioambiental. Cada toma clandestina implica riesgo de fuga, incendio o contaminación de suelos agrícolas. Expertos del Instituto de Ecología calculan que el costo de remediar un solo derrame mayor supera los 250 millones de pesos y que, en promedio, ocurren más de dos incidentes graves por semana en el corredor Tula–Salamanca.

Narcoenergía y tejido criminal

Lejos de operar como células aisladas, las bandas huachicoleras funcionan como cárteles logísticos. El CJNG controla corredores en Jalisco y Colima; el cártel de Santa Rosa de Lima mantiene presencia en Guanajuato e Hidalgo; mientras células independientes han instalado refinerías clandestinas en Veracruz y Nuevo León. Estas organizaciones diversifican riesgos: combinan diesel adulterado con metanfetamina, invierten utilidades en compra de armas y corrompen autoridades municipales.

La rentabilidad explica la tenacidad: perforar un ducto de diésel cuesta menos de 200.000 pesos y puede dejar ganancias de hasta 1,5 millones por día. Con esos márgenes, la violencia escala. Los homicidios vinculados al huachicol crecieron 12 % en 2024, según datos de la Fiscalía General, y las extorsiones a gasolineras independientes se duplicaron en diez estados.

Estrategia Sheinbaum: luces y sombras

Entre los ejes centrales del plan federal destaca la verticalización de Pemex: integrar comercialización y logística bajo un mismo mando para sellar fugas internas. El proyecto incluye sensores IoT e inteligencia artificial en más de 8.000 kilómetros de ductos, con expectativa de reducir en 30 % las pérdidas a mediano plazo. A ello se suma la suspensión -desde abril- de importaciones por carretera desde EE. UU., medida que busca frenar el contrabando fronterizo.

No obstante, la resistencia institucional es notable. Sindicatos denuncian que la reforma reducirá plantillas en 12 %, mientras gobernadores de la frontera norte advierten desabasto si se prolonga el cierre de cruces. En paralelo, la Auditoría Superior detectó irregularidades en contratos de monitoreo otorgados sin licitación durante la emergencia, lo que mina la narrativa de transparencia.

Impacto social y gobernanza local

Para cientos de comunidades rurales, el huachicol representa empleo, acceso a combustible barato y, en muchos casos, la única fuente de ingreso ante la ausencia de inversión pública. Programas de reconversión productiva -apicultura en Hidalgo, agricultura protegida en Puebla- avanzan lento y con presupuestos insuficientes. Sin alternativas tangibles, la legitimidad estatal se ve erosionada por la presencia de cárteles que reparten gasolina a mitad de precio y financian fiestas patronales.

La corrupción municipal completa el cuadro. Investigaciones federales vinculan a al menos 11 agentes de la Guardia Nacional y a dos alcaldes con redes de ordeña. Sin sanciones ejemplares, advirtió el Centro de Estudios de Seguridad, la percepción de impunidad seguirá alimentando el ciclo criminal.

Riesgos futuros

Expertos coinciden en que la ofensiva actual corre el peligro de convertirse en un juego del gato y el ratón. Si la presión militar se intensifica, los cárteles podrían trasladar operaciones a zonas costeras o incluso a plataformas marinas, donde la vigilancia es más compleja. Además, la restricción fronteriza podría generar un mercado negro interno de importaciones, incentivando la corrupción aduanera.

En el frente político, el desgaste para Sheinbaum es palpable. Encuestas colocan el combate al huachicol entre los tres temas que más preocupan a la ciudadanía, solo detrás de la inseguridad y el costo de vida. Un fracaso visible antes de 2026 podría traducirse en costos electorales y presiones fiscales que limiten la agenda social del Ejecutivo.

En abril descubren barco con 10 millones de diésel huachicol. Ningún detenido
En mayo descubren 4 millones de litros de gasolina huachicol en Tabasco. Ningún detenido
En junio descubren minirefinería en Veracruz. Ningún detenido.
Toneladas de productos ilícitos, ningún culpable pic.twitter.com/72u4ATaHW2

— Magú (@MaguMonero) June 30, 2025

El robo institucionalizado

La guerra contra el huachicol es, ante todo, una prueba de gobernabilidad energética. Sin seguridad en su infraestructura y sin una Pemex financieramente sana, México compromete su autonomía y su capacidad para financiar políticas públicas. Las medidas de trazabilidad y la reforma interna apuntan en la dirección correcta, pero su eficacia dependerá de factores externos: la coordinación con EE.UU., la depuración de autoridades locales y la creación de alternativas económicas que desactiven el atractivo del mercado negro.

En definitiva, el huachicol revela la anatomía de un Estado que aún disputa territorio con el crimen organizado. La estrategia federal necesita combinar tecnología, inteligencia financiera y desarrollo social para romper el círculo vicioso. Si lo logra, reducirá la sangría fiscal y restablecerá un mínimo de confianza. Si fracasa, el costo no será solo contable: se medirá en legitimidad, en vidas humanas y en la capacidad del país para decidir su destino energético.