La Provincia deberá pagar 14 millones de pesos a la familia de un preso asesinado en la cárcel de Batán

El gobierno de la provincia de Buenos Aires fue condenado a pagar una indemnización total de 14 millones de pesos a la familia de Elio Edgardo Constantino Cajal, un interno asesinado en 2016 dentro de la Unidad Penal N°44 de Batán. La decisión fue adoptada por el Juzgado en lo Contencioso N°1 de Mar del Plata, que consideró que, aunque el autor material del crimen fue otro preso, el Estado tuvo un grado de responsabilidad por no haber garantizado condiciones mínimas de seguridad.

La sentencia surge de la demanda presentada por Natalia Rivera, esposa de la víctima, en representación de ella y de los dos hijos menores que tuvo con Cajal. El tribunal le otorgó siete millones de pesos a la viuda y tres millones y medio a cada uno de los hijos, tras evaluar los daños provocados por la muerte, entre ellos el daño moral, daño psíquico y la pérdida de la posibilidad de reinserción social del padre como sostén de la familia.

El juez Simón Isacch tuvo en cuenta que las peleas entre internos son un problema estructural del sistema penitenciario y concluyó que el asesinato de Cajal podría haberse evitado si las autoridades hubieran actuado con mayor diligencia. En ese sentido, subrayó que hubo fallas graves en el servicio penitenciario, especialmente en lo que refiere a la prevención de conflictos conocidos por los responsables del pabellón.

El crimen ocurrió el 16 de enero de 2016, cuando Cajal fue atacado por Víctor Fernández Ale, considerado un referente del pabellón, luego de un conflicto desencadenado por un insulto. Según los testimonios, Fernández Ale lo apuñaló en varias partes del cuerpo tras una escalada de tensiones en el entorno carcelario. Aunque fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos, murió a causa de las heridas.

Uno de los aspectos más destacados del fallo es que establece una responsabilidad compartida entre el autor del homicidio y el Estado provincial, por haber permitido que la violencia se desarrolle en un entorno que debería ser controlado. No obstante, la decisión no está firme, ya que la provincia de Buenos Aires apeló la sentencia, por lo que los pagos indemnizatorios están por el momento suspendidos.

LN