
La fiscal Carmen Ibarra, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción N°3 de menores de La Plata, pidió la elevación a juicio oral del adolescente de 17 años acusado por el robo y el homicidio de Kim Gómez, la niña de 7 años que fue brutalmente arrastrada por un vehículo robado en la localidad platense de Altos de San Lorenzo el pasado 25 de febrero. El caso conmovió al país y reabrió un amplio debate sobre el régimen penal juvenil en Argentina.
La fiscal concluyó la instrucción y presentó el requerimiento ante la jueza María José Lescano, quien ahora deberá resolver si envía el caso a juicio oral. El adolescente está imputado como autor del robo y del homicidio en ocasión de robo, delitos por los que podría recibir una condena severa, dadas las circunstancias extremas del hecho.
El otro implicado en el crimen, un niño de 14 años, fue declarado inimputable por su edad. Sin embargo, la Justicia lo considera coautor del delito, y por eso fue internado en el Instituto Gambier de La Plata, donde deberá permanecer dos años como medida de seguridad. Su defensor había solicitado el cese de la internación, pero la jueza rechazó el pedido en función de la gravedad de los hechos.
En audiencias previas, la jueza Lescano dejó en claro que ambos adolescentes fueron responsables del robo del vehículo y del trágico desenlace que terminó con la vida de Kim. El episodio ocurrió cuando los jóvenes abordaron a Florencia, madre de Kim, mientras se encontraba con la niña dentro del auto. Luego de obligarla a bajar, huyeron a alta velocidad sin advertir —o ignorando— que la niña aún estaba dentro.
Durante la fuga, Kim fue arrojada del vehículo, pero quedó enganchada, lo que provocó que fuera arrastrada durante 15 cuadras hasta que el auto chocó contra un poste de luz y cayó en una zanja. Los delincuentes escaparon a pie por un descampado, mientras que Kim murió a los pocos minutos por las heridas gravísimas sufridas.
El asesinato de la niña generó un profundo impacto social y político, con movilizaciones en distintas ciudades y fuertes pedidos para bajar la edad de imputabilidad penal. A su vez, organismos de derechos humanos y referentes judiciales advirtieron sobre el riesgo de criminalizar la adolescencia sin políticas de inclusión, educación y protección efectivas.
LN