
La Organización de las Naciones Unidas emitió una nueva advertencia sobre la situación en Haití, centrando esta vez su preocupación no solo en el control territorial de las pandillas, sino en la inacción sistemática de la comunidad internacional ante el colapso progresivo del Estado haitiano. La alerta no se limitó a describir el control del 90% de Puerto Príncipe por parte de grupos armados, sino que apuntó directamente a la falta de voluntad política global para revertir una crisis que ya ha generado más de 1,3 millones de desplazados internos.
"No se trata solo de bandas criminales, sino de una falla moral de la comunidad internacional", declaró un vocero de la ONU durante la sesión del Consejo de Seguridad del pasado miércoles. Según el organismo, la violencia ha alcanzado niveles similares a los de una guerra civil, y sin embargo, la respuesta global se limita a gestos simbólicos y despliegues incompletos como la misión policial keniana, que apenas cuenta con un 40% de su dotación prevista.
Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, Haití ha transitado por un proceso acelerado de desinstitucionalización. La dimisión del primer ministro Ariel Henry, forzada en 2024 tras un asalto coordinado de pandillas, dejó al país en manos de un Consejo de Transición endeble, sin respaldo popular ni capacidad real para garantizar servicios básicos.
"Haití no solo necesita seguridad, necesita gobernabilidad, justicia y reconstrucción social", sentenció el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. A pesar de los esfuerzos declarativos, la falta de una estrategia integral sostenida se traduce en un deterioro acelerado de todas las estructuras estatales, sumiendo a la población en un vacío de poder.
A pesar de algunas acciones como los recientes ataques con drones implementados por las fuerzas estatales (que provocaron 300 muertos y 400 heridos según cifras oficiales), el impacto en la población civil ha generado rechazo incluso dentro de sectores afines al gobierno. "No se puede combatir el caos con caos", afirman organizaciones de derechos humanos que denuncian posibles violaciones al derecho internacional humanitario.
El uso de tecnología militar para retomar ciertas zonas de la capital es un intento desesperado del gobierno por mostrar autoridad. Sin embargo, los costos humanitarios y la falta de planificación estructural podrían tener efectos contraproducentes en el mediano plazo.
Mientras tanto, la vida cotidiana en Puerto Príncipe se reduce a la supervivencia. Las escuelas están cerradas, los hospitales carecen de insumos y la ayuda humanitaria apenas llega a los barrios más vulnerables.
El control territorial de pandillas como el G9 y G-Pep se traduce en peajes ilegales, extorsión y reclutamiento forzado de jóvenes. La población, atrapada entre actores armados y un Estado fantasma, carece de opciones seguras para su vida cotidiana.
Las pandillas criminales controlan el 90% de la capital de Haití, alerta la ONU
— DW Español (@dw_espanol) July 3, 2025
Las grupos delictivos organizados controlan el 90 % de Puerto Príncipe, la capital de Haití, donde la presencia del Estado se acerca al "colapso total", advirtió Naciones Unidas. /ab pic.twitter.com/4J0HEp7Zsk
Analistas políticos haitianos coinciden en que sin una intervención internacional que combine seguridad, desarrollo y reconstrucción institucional, el país está condenado a seguir desangrándose. "Haití no necesita caridad: necesita compromiso sostenido", afirma la politóloga Emmanuelle Jean-Baptiste desde Puerto Príncipe.
El Consejo de Seguridad volverá a reunirse el mes próximo para evaluar un posible aumento de la participación internacional. Pero entre la apatía diplomática y los intereses geoestratégicos, Haití sigue a la deriva, atrapado entre pandillas armadas y la indiferencia del mundo.