
La causa Vialidad sigue sumando capítulos judiciales para Cristina Fernández de Kirchner. Luego de haber sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, ahora la Corte Suprema será la encargada de definir el monto exacto que deberá devolver al Estado por la defraudación cometida en la adjudicación irregular de obras públicas a favor de Lázaro Báez.
Según estableció el juez Jorge Gorini, la cifra ya alcanza los $86.085.463.548,25, aunque se estima que el número final podría superar los $89.000 millones una vez que se actualicen los valores y se incorporen los peritajes finales.
El propio magistrado calificó el daño económico como “estrafalario y colosal”. El cálculo se basa en el análisis de 51 procesos licitatorios que beneficiaron al empresario Báez, íntimamente ligado al kirchnerismo, y que recibió el 86% de las obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
La Justicia sostuvo que durante los gobiernos kirchneristas se dictaron normas a medida que permitieron desviar fondos públicos, aún cuando los organismos estatales no contaban con la capacidad financiera para sostener el volumen de contrataciones.
Una vez que se determine el monto definitivo, los condenados entre ellos la expresidenta, serán intimados a depositar la suma correspondiente en un plazo de diez días. De no hacerlo, la Justicia podrá avanzar con el embargo y decomiso de sus bienes.
En el informe judicial ya figuran propiedades, empresas y activos vinculados tanto a Cristina Kirchner como a sus hijos, Máximo y Florencia, que podrían ser utilizados para saldar la deuda.
Este fallo podría convertirse en una de las restituciones económicas más altas de la historia judicial argentina, en el marco de una condena por corrupción vinculada al manejo de fondos públicos.
FS