Escándalo en Colombia: prisión para colaborador de Gustavo Petro

El estrépito del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) alcanzó su punto más álgido este 3 de julio de 2025, cuando un juez de control de garantías de Bogotá ordenó la reclusión inmediata de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y colaborador cercano del presidente Gustavo Petro. La decisión responde a las acusaciones de haber liderado un circuito de sobornos que desvió recursos públicos destinados a carrotanques para La Guajira. Con esta medida cautelar, el caso pasa de ser un rumor corrosivo en la clase política a una amenaza concreta para el Gobierno.

González deberá permanecer en la cárcel mientras avanza el juicio por cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos. La Fiscalía sostiene que el exfuncionario orquestó la entrega de al menos cuatro mil millones de pesos a congresistas a cambio de respaldo legislativo para las reformas oficiales. Su detención preventiva no solo sacude al Palacio de Nariño, sino que profundiza las dudas sobre la estrategia anticorrupción que Petro prometió al país desde su posesión. En la acera opuesta, la defensa alega persecución política y ha anunciado recursos de apelación.

Origen del escándalo

El entramado se forjó en septiembre de 2023, cuando la UNGRD adjudicó un contrato de 46.800 millones de pesos para la compra de cuarenta carrotanques con los que pretendía abastecer de agua a las comunidades wayúu de La Guajira. La Contraloría detectó sobrecostos superiores al 40 % y, peor aún, reveló que los vehículos nunca llegaron a su destino. La evidente irregularidad levantó sospechas en el Congreso y abrió la puerta a una pesquisa penal que hoy envuelve a varios estamentos del Estado.

Las primeras luces sobre la trama provinieron del entonces subdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, quien aceptó cargos y se convirtió en testigo clave. Ante los fiscales, Pinilla describió una cuota del 14 % del contrato reservada para sobornos, señaló a González como “autor intelectual” y precisó los montos que, supuestamente, recibieron el senador Iván Name y el representante Andrés Calle. Esa declaración, respaldada por cruces bancarios, sirvió para solicitar las órdenes de captura que ahora movilizan a la Policía y a la Interpol.

El rol de González

En calidad de director del DAPRE, González tenía acceso directo a la distribución del presupuesto y a los nombramientos estratégicos dentro del Gobierno. Las interceptaciones telefónicas y los correos incautados sugieren que instruyó al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, para inflar el contrato y garantizar una “bolsa” de recursos que lubricara la aprobación de los proyectos de ley oficiales en el Capitolio. Según la imputación, su papel fue determinante para convertir la compra de carrotanques en una fuente de financiación paralela.

Tras dejar el cargo en enero de 2024, el exfuncionario se mantuvo activo en la coalición Pacto Histórico y habría salido del país en mayo, rumbo a Managua, aprovechando la falta de medida restrictiva en su contra. La Fiscalía solicitó circular roja de Interpol y, aunque la defensa asegura que se presentará voluntariamente, el juzgado subrayó el riesgo de fuga y de posible obstrucción probatoria al justificar la orden de encarcelamiento. Este argumento fue decisivo para negar la detención domiciliaria.

Decisión judicial

Durante la audiencia virtual que se extendió por más de siete horas, el juez calificó la conducta de González como “grave atentado contra la administración pública”. La lectura del auto destacó la complejidad del entramado y la influencia que el acusado ejercería sobre testigos y documentos si permaneciera en libertad. Además, citó precedentes recientes que refuerzan la necesidad de medidas drásticas cuando existe una “posibilidad seria” de entorpecer la justicia.

El togado recordó que la corrupción en contratos de emergencia vulnera derechos fundamentales y afecta a poblaciones históricamente marginadas. La Guajira, sumida en sequías periódicas y pobreza extrema, sigue sin acceso al agua prometida. La decisión judicial, por tanto, busca enviar un mensaje de tolerancia cero frente al desvío de recursos en contextos de desastre. Al finalizar la diligencia, la defensa interpuso recurso de apelación y solicitó, sin éxito, un habeas corpus por supuestas violaciones al debido proceso.

Repercusiones políticas

La Casa de Nariño reaccionó con un comunicado escueto que respalda la actuación de la justicia y garantiza la colaboración del Ejecutivo. No obstante, voceros de la oposición, encabezados por el Centro Democrático, exigen una comisión legislativa que determine la responsabilidad política de González y de los ministros que avalaron los desembolsos. Dentro de la coalición oficialista, la Alianza Verde suspendió la militancia de Name y de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, tratando de contener el daño reputacional.

Las próximas semanas serán cruciales para el trámite de las reformas laboral y pensional, pilares del programa de Petro. Con varios de sus articuladores bajo investigación o privados de libertad, el Gobierno podría enfrentar una aridez de votos parecida a la que dejó en el aire la reforma a la salud. De paso, la crisis refuerza el relato opositor de que la ‘política del cambio’ repite vicios del pasado. La bancada oficial insiste en la presunción de inocencia, pero admite una “ventana de tiempo muy corta” para reencauzar la narrativa.

Tribunal Superior de Bogotá impone medida de aseguramiento en cárcel y orden de captura contra Carlos Ramón González.

Se siguen llenando las casillas.

Cinco de los seis primeros funcionarios aquí mencionados fueron nombrados directamente por el presidente @petrogustavo. pic.twitter.com/w3e8XxlQEU

— Félix de Bedout (@fdbedout) July 3, 2025

El caso no termina 

La detención de Carlos Ramón González marca un antes y un después en el pulso entre el discurso anticorrupción del Gobierno y la práctica política cotidiana en Colombia. Si la Fiscalía logra sostener las pruebas y convertirlas en condena, el caso UNGRD se convertirá en un paradigma sobre cómo los contratos de emergencia se prestan para la captura del Estado y la compra de lealtades parlamentarias.

En contraste, un eventual revés judicial daría aire a la coalición oficialista y fomentaría la tesis de la persecución política. Mientras se dirime la suerte de González, La Guajira sigue esperando agua, el Congreso sigue midiendo costos y beneficios, y la ciudadanía, cansada de escándalos, calibrará su confianza en las instituciones a la luz de la claridad que aporten los estrados.