Venezuela y China sellan 600 acuerdos sin créditos ni desembolsos

El canciller venezolano Yván Gil y el embajador chino Lan Hu exhibieron esta semana en Caracas una carpeta con más de 600 nuevos convenios bilaterales que, según el Gobierno de Nicolás Maduro, inauguran una etapa de “cooperación productiva” con la segunda economía mundial. El anuncio, acompañado de citas a Mao y de elogios al Partido Comunista Chino (PCCh), llega veinte años después del primer crédito petrolero de Pekín y ocho después de que la generosa línea de financiamiento blando quedara congelada. La magnitud del paquete firmado contrasta con su naturaleza: ni un dólar fresco fue comprometido, ningún banco estatal chino aparece como prestamista y los documentos se limitan a memorandos de entendimiento, cartas de intención y protocolos de capacitación técnica.

La ausencia de fondos no impidió al Palacio de Miraflores celebrar la ‘afinidad estratégica’ con China como un hito que —según Maduro— acelerará la recuperación económica y consolidará su posición internacional antes de las elecciones de 2026. Detrás de la retórica se esconde una realidad menos épica: Pekín sigue renuente a desbloquear líneas de crédito mientras Venezuela arrastra impagos por al menos 20.000 millones de dólares y permanece bajo sanciones de Estados Unidos. 

Acuerdos sin Dinero

En el detalle, los funcionarios venezolanos hablan de acuerdos en agricultura, ciencia aplicada, inteligencia artificial, telecomunicaciones y manufactura liviana. Las firmas relevantes son Huawei, ZTE, CITIC y CAMC, además de universidades de Shanghai y Tianjin que ofrecerán becas a 400 estudiantes. Sin embargo, todos esos entendimientos dependen de recursos locales o de la reinversión de utilidades que generen empresas mixtas; no se contempla la entrada de capital del Banco de Desarrollo de China ni del Eximbank. Así, la cooperación se orienta a proyectos de bajo riesgo —granjas piloto, plantas solares modulares, modernización de ferrocarriles regionales— que puedan pagarse con flujos futuros o con la cesión de espacios en las incipientes Zonas Económicas Especiales (ZEE).

¿Por qué China evita la chequera que empleó con desenfado entre 2008 y 2015? La respuesta combina pragmatismo financiero y cautela política. Desde 2020, los estrategas de Pekín han reclasificado a Venezuela como mercado ‘rojo’ por alta morosidad y volatilidad regulatoria. El Fondo Chino-Venezuela, que desembolsó más de 60.000 millones de dólares en la década pasada, exhibe aún saldos impagos y ha requerido pagos en crudo como mecanismo de compensación. A ello se suma la revisión global de la Franja y la Ruta, que prioriza retornos garantizados y colaterales tangibles. La probabilidad de que Pekín firme créditos soberanos sin garantías petroleras en los próximos dos años se calcula en apenas 35 %, según la consultora Rhodium Group.

Intercambio Energético

El petróleo, no obstante, sigue fluyendo. Entre enero y junio de 2025, Venezuela despachó un promedio de 844.000 barriles diarios hacia Asia, de los cuales al menos 90 % terminó en refinerías chinas tras triangulación vía Singapur y Malasia. Los cargamentos sirven para amortizar la deuda histórica y garantizan a Caracas un ingreso neto estimado en 8.000 millones de dólares al año. Pekín aprovecha el descuento de hasta 30 % respecto al Brent y diversifica su matriz energética en plena tensión geopolítica con Estados Unidos y Europa. Para Maduro, la continuidad de estos envíos es vital: sin acceso a mercados de capital, el crudo es el único activo que puede transformarse en divisas duras.

Sin embargo, la participación directa de corporaciones chinas en la Faja del Orinoco permanece congelada. CNPC y Sinopec mantienen equipos mínimos de mantenimiento y técnicos de supervisión, pero evitan nuevos pozos o ampliaciones que requieran inversión intensiva. Contratos pendientes han sido reprogramados tres veces desde 2021, y voceros de la petrolera china aclaran que cualquier expansión dependería de garantías jurídicas y licencias de la OFAC, cuya concesión luce incierta (prob. 40 %). Esta reluctancia limita las aspiraciones venezolanas de elevar la producción a dos millones de barriles diarios antes de 2027.

Subtítulo: Zonas Económicas

Ante la sequía de créditos, el Gobierno ha redoblado su apuesta por las Zonas Económicas Especiales de La Guaira, Aragua, Carabobo y Anzoátegui. Estos enclaves ofrecen exenciones fiscales de hasta 15 años y esquemas de arbitraje privado que imitan los parques industriales de Shenzhen de la década de los ochenta. Los memorandos con conglomerados provinciales como Guangdong Hengjian y Zhejiang Huayou incluyen la instalación de ensambladoras de autobuses eléctricos, procesadoras de soja y centros de logística marina. Caracas promete viabilidad cambiaria y libre repatriación de utilidades, pero la materialización dependerá de infraestructura, seguridad jurídica y demanda externa.

Las ZEE pueden convertirse en vitrinas de modernización o en burbujas de privilegios, repitiendo los fallos de la fallida Ley de Zonas Francas de 1991. La probabilidad de que atraigan inversiones superiores a 1.500 millones de dólares en los próximos tres años se ubica en 45 %, según el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Económicas. Factores que empujan la balanza incluyen la cercanía a puertos, la disponibilidad de mano de obra calificada y la disposición china de trasladar industrias contaminantes. En contra pesan el deterioro eléctrico, la corrupción aduanera y la incertidumbre electoral.

Afinidad Política

Más allá de la economía, el entendimiento se cimenta en una narrativa política compartida. El PSUV y el PCCh han fortalecido su ‘hermandad de partidos’ con intercambios de cuadros, seminarios sobre control social digital y la defensa conjunta de un orden internacional ‘multipolar’. Caracas respalda la política de ‘Una sola China’ y Pekín condena las sanciones unilaterales, aunque evita comprometer recursos que puedan ser embargados. Este apoyo simbólico otorga a Maduro una plataforma para denunciar el bloqueo estadounidense y mostrar respaldo de una potencia global.

Para China, la alianza ofrece votos en organismos multilaterales y acceso a petróleo a descuento, pero su prioridad estratégica en la región se ha desplazado hacia países de menor riesgo como Brasil, México y la vecina Guyana. El Kremlin también compite por influencia en Caracas, creando un delicado equilibrio que Pekín maneja con diplomacia transaccional. Según fuentes académicas, la probabilidad de que la relación chino‑venezolana se profundice en el ámbito militar —más allá de ventas puntuales de drones o radares— es de apenas 20 % en el horizonte 2025‑2027.

Nicolás Maduro y su esposa, junto a Xi Jinping y su esposa. 

China avanza en la región 

Los 600 acuerdos presentados como prueba de la ‘nueva era’ entre Venezuela y China son, en realidad, una continuidad pragmática de la cooperación: símbolo político, compras de crudo y proyectos de riesgo bajo, pero sin chequera abultada. Con una deuda abultada y sanciones vigentes, Caracas se mantiene dependiente del petróleo y de la voluntad de Pekín; este, a su vez, evalúa cada paso con la frialdad de un banquero, no con la generosidad de un aliado ideológico. La probabilidad de que el patrón “mucho anuncio, poco dinero” se mantenga hasta el final del actual mandato de Maduro alcanza el 55 %.

A corto plazo, el éxito tangible de los memorandos dependerá de la capacidad venezolana para ofrecer certidumbre legal y servicios básicos en las ZEE, mientras gestiona la presión interna por divisas y la disputa geopolítica entre potencias. Si esos factores no mejoran, China conservará su rol de comprador oportunista antes que inversor sistémico, y la narrativa de afinidad quedará restringida al terreno discursivo. Para los venezolanos, el riesgo es que la expectativa de rescate chino vuelva a posponerse, consumiendo un tiempo político que escasea de cara a los comicios de 2026.