
El Mercosur presentó esta semana un triunfo diplomático inesperado: la firma del Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), compuesta por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. El anuncio culminó ocho años de negociaciones intermitentes y se dio durante la cumbre celebrada en Buenos Aires, donde los presidentes del bloque sudamericano coincidieron en que era urgente diversificar destinos en medio del recrudecimiento proteccionista mundial impulsado por Washington.
El acuerdo abarca a casi 300 millones de habitantes y un Producto Bruto Interno agregado cercano a US$ 4,3 billones, creando la mayor zona de libre comercio que involucra a Mercosur desde su fundación en 1991. El momento no es casual: mientras la Casa Blanca de Donald Trump amenaza con aranceles de hasta 50 %, Sudamérica se acerca a los mercados europeos no comunitarios, enviando una señal de apertura y autonomía estratégica.
El texto, de más de 1.200 páginas, elimina inmediatamente los aranceles sobre bienes industriales que ingresen en la EFTA, mientras que Mercosur aplicará desgravaciones graduales de hasta 15 años para sectores sensibles como maquinaria pesada y fármacos. Además, establece reglas de origen flexibles que permiten hasta 50 % de insumos extrazona, fomentando cadenas de valor mixtas en autopartes y química fina.
En materia agrícola, la EFTA otorgó cuotas libres de impuestos para carne bovina, soja y etanol, rubros tradicionalmente competitivos en el Cono Sur. A cambio, los países sudamericanos concedieron acceso preferencial a chocolate suizo, salmón noruego y servicios financieros escandinavos. Un capítulo específico de desarrollo sostenible impone trazabilidad obligatoria para la carne y compromisos contra la deforestación, aunque menos estrictos que los exigidos por la Unión Europea.
Para los exportadores de Mercosur, el tratado representa un salvavidas frente a la saturación de los mercados tradicionales. La agroindustria podría duplicar sus ventas al Norte de Europa en la próxima década, según proyecciones de los ministerios de Economía de Brasil y Argentina. Asimismo, la minería crítica —litio, tierras raras y cobre— gana nuevas puertas de entrada a la industria tecnológica suiza.
EFTA, por su parte, logra diversificar el suministro de alimentos y materias primas en un contexto de tensión geopolítica con Rusia y Estados Unidos. El 97 % del comercio bilateral quedará libre de aranceles, lo que abarata insumos claves para su sector farmacéutico y metalúrgico. A nivel de servicios, la banca noruega podrá participar en licitaciones públicas sudamericanas, mientras las aseguradoras suizas apuntan a proyectos de infraestructura energética.
El pacto se gesta cuando Trump revive la guerra comercial elevando el arancel universal al 10 % y amenazando con subirlo al 50 % si no se logran pactos bilaterales antes del 9 de julio. Esta política ha empujado a la Unión Europea a buscar un acuerdo marco que modere el castigo sobre el acero y el automóvil, y ha acelerado la estrategia de Lula da Silva para cerrar frentes alternativos de comercio.
En Sudamérica, la convergencia entre el liberalismo comercial de Javier Milei y el pragmatismo de Lula permitió sortear viejas disputas internas de Mercosur sobre los ritmos de apertura. Analistas coinciden en que esta coordinación coyuntural —más que estructural— responde a un cálculo de costos: perder acceso preferencial a Estados Unidos sería más caro que Ceder terreno en la agenda medioambiental.
Aunque el texto está cerrado, queda un tortuoso proceso de revisión legal y ratificación. Suiza podría someter el tratado a referéndum facultativo, e Islandia enfrenta presión del Partido Verde para endurecer las cláusulas climáticas. En el Cono Sur, el Senado paraguayo exige una mayoría especial de dos tercios, mientras sindicatos portuarios brasileños amenazan con huelgas si se disparan las importaciones de bienes de capital.
La cronología tentativa fija la firma formal en octubre de 2025 en Berna, y la entrada en vigor antes de julio de 2026 si todos los parlamentos lo aprueban. Empresas exportadoras ya planifican rutas logísticas, pero advierten que cualquier retraso político podría deshacer meses de preparación; el fantasma del acuerdo Mercosur‑UE, varado desde 2019, planea como recordatorio.
Un día de pura alegría. Tras años de negociaciones y una recta final intensa, logramos cerrar el acuerdo de libre comercio entre #EFTA y #Mercosur.@wertheing@luiscaputoAR@vegardgw pic.twitter.com/16mbCnyXVB
— Halvor Sætre (@EmbNorArg) July 3, 2025
La probabilidad de que el tratado entre en vigor para julio de 2026 se estima en 70 %: la ausencia del poderoso lobby agrícola francés reduce el riesgo, pero los referendos suizos y las potenciales tensiones laborales en Brasil podrían demorar la luz verde (confianza moderada: 0,65).
Aun con esa cautela, Mercosur gana margen de maniobra en la negociación con la Unión Europea y amortigua el impacto de la ofensiva arancelaria estadounidense. Para EFTA, el acuerdo ofrece un seguro de suministro y un posicionamiento político como defensor del libre mercado