Víctimas de Mauricio Víquez denuncian años de encubrimiento en la Iglesia de Costa Rica

A los once años, Josué Alvarado sufrió un abuso que marcaría su vida. Su testimonio, recogido en el documental El monaguillo, el cura y el jardinero, se convirtió en un pilar de la denuncia pública contra el exsacerdote Mauricio Víquez, condenado en 2022 por violación agravada. La película arroja luz sobre uno de los casos más emblemáticos de abuso sexual clerical en Costa Rica y reabre el debate sobre la complicidad institucional de la Iglesia católica, cuya influencia social sigue siendo profunda.

Dirigido por Juan Manuel Fernández y estrenado el 25 de junio en el Festival Internacional de Cine de Costa Rica, el documental sigue el recorrido judicial de Alvarado y de Anthony Venegas, otra de las víctimas. Ambos rompieron el silencio casi veinte años después, enfrentándose no solo a su agresor, sino también a una estructura eclesiástica que lo protegió durante años. La obra expone no solo sus historias personales, sino también los mecanismos institucionales que permitieron la impunidad prolongada de Víquez.

Un agresor con respaldo eclesiástico

Víquez fue denunciado penalmente en 2018, pero huyó del país antes de ser arrestado. Vivió en México bajo identidad falsa hasta que fue capturado en Monterrey en 2019 y extraditado a Costa Rica. En 2022, fue sentenciado a 20 años de prisión por violar a Josué cuando era monaguillo. El caso marcó un antes y un después en la percepción pública del rol de la Iglesia en la protección de abusadores.

La Arquidócesis de San José y su líder, José Rafael Quirós, también fueron demandados por encubrimiento. Un tribunal civil los obligó a pagar 100.000 dólares como indemnización. Esta decisión marcó un precedente: fue la primera vez que una instancia judicial reconoció la responsabilidad directa de la jerarquía eclesiástica en un caso de abuso clerical en el país, abriendo la puerta a nuevos reclamos civiles.

Ecos judiciales y civiles

El caso motivó a otras víctimas a hablar. Aunque muchas denuncias estaban prescritas penalmente, los demandantes recurrieron a la vía civil. Hoy existen varias causas abiertas que se basan en el antecedente judicial fijado con la condena a Víquez y a la arquidiócesis. La justicia civil se ha convertido en una herramienta clave para quienes buscan reparación tras años de silencio institucional.

En paralelo, el sacerdote Manuel Guevara fue condenado en 2024 por abusar de otro menor, lo que confirmó que los abusos no eran un hecho aislado. La ola de denuncias puso a la Iglesia costarricense bajo una lupa pública sin precedentes. Desde 2018, más de diez sacerdotes han sido formalmente acusados, lo que evidencia un patrón sistemático más allá de casos individuales.

El silencio institucional y sus consecuencias

La Conferencia Episcopal de Costa Rica pidió disculpas formales, pero ha apelado las sentencias civiles y se niega a implementar una comisión de reparación independiente. El arzobispo Quirós sigue en funciones, pese a las críticas por su rol en el encubrimiento de Víquez. Para las víctimas, la falta de sanciones internas es parte del problema.

Organizaciones de víctimas y colectivos ciudadanos piden su renuncia y una reforma profunda del trato institucional a los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Denuncian que aún persisten lógicas de protección al clero por encima de las víctimas, y que la jerarquía eclesiástica prioriza su imagen sobre la reparación de los daños causados.

Un documental como herramienta de justicia social

La producción del documental implicó años de trabajo y acompañamiento psicológico a las víctimas. La productora Patricia Velásquez explicó que la cinta busca llegar al nuevo Papa León XIV y provocar un giro estructural en la gestión de estos casos dentro del Vaticano. La apuesta es que el testimonio visual sea una forma de presión pública y pastoral.

En la cinta, Anthony Venegas rechaza el término "víctima" y prefiere llamarse sobreviviente. El lenguaje, asegura, es parte de su reconstrucción emocional. Ambos protagonistas exponen cómo la confianza social en la Iglesia sirvió como coartada para el abuso, y cómo la comunidad a menudo protegió al victimario creyendo proteger la fe.

El marco legal y sus limitaciones

Costa Rica mantiene plazos de prescripción cortos para delitos sexuales contra menores, lo que ha impedido que muchas denuncias lleguen a juicio penal. A diferencia de Chile, que en 2019 eliminó esa barrera, en Costa Rica aún no se logra avanzar en esa reforma. Las víctimas se ven forzadas a recurrir a otras vías ante la inacción legislativa.

Diversos colectivos están presionando al Congreso costarricense para modificar el Código Penal, pero las propuestas duermen en comisiones legislativas. La falta de acción parlamentaria perpetúa la impunidad en numerosos casos. Las víctimas piden que se priorice esta reforma como un asunto de justicia y salud pública.

Contexto latinoamericano y mirada global

Costa Rica no está sola. Países como México, Argentina, Colombia y Chile enfrentan crisis similares. En 2024, medios mexicanos reportaron nuevas denuncias por encubrimientos en diócesis rurales. En todos los casos, la respuesta institucional ha sido lenta y fragmentaria.

El Vaticano ha emitido documentos como Vox estis lux mundi para obligar a denunciar abusos, pero su implementación es desigual. Las víctimas reclaman que, sin voluntad política y sanciones efectivas, estas reformas quedan en el papel. El desafío es romper con décadas de impunidad estructural.

“Yo sabía a lo que iba”: víctimas de pederastia de la Iglesia en Costa Rica revelan su sufrimiento. El documental ‘El monaguillo, el cura y el jardinero’ reconstruye las angustias de quienes denunciaron a cura de San José que fue detenido en México https://t.co/81klBsolW0

— EL PAÍS México (@elpaismexico) July 3, 2025

Abusos en la iglesia 

El caso de Mauricio Víquez refleja un sistema que falló en múltiples niveles: el religioso, el judicial y el social. El hecho de que una víctima haya tenido que esperar casi 20 años para obtener justicia dice más del poder de las instituciones que del delito en sí. El silencio prolongado fue una forma de violencia sostenida.

El documental no solo expone una historia personal; visibiliza una deuda histórica con cientos de personas que aún callan. La discusión ya no gira en torno al perdón, sino a la reparación, la memoria y la transformación real de estructuras que durante décadas blindaron a los abusadores. El cine se convierte, así, en un acto de resistencia colectiva.