La ley pensional de Petro frente al escrutinio: retos fiscales y fallos clave

La reforma pensional impulsada por el presidente Gustavo Petro vivió el 29 de junio su segundo paso por la Cámara de Representantes, donde fue aprobada con 97 votos a favor y uno en contra, subsanando el vicio de trámite señalado por la Corte Constitucional dos semanas antes. El gobierno celebró la votación como una victoria política inapelable, pero el nuevo texto sigue suspendido hasta que el alto tribunal verifique que se cumplieron los requisitos formales y, sobre todo, examine los 40 recursos que cuestionan su constitucionalidad. En ese compás de espera, la discusión pública ha girado de la aritmética legislativa a la viabilidad financiera y al impacto social del proyecto.

Según el Ministerio de Hacienda, la reforma —Ley 2381— pretende construir un sistema de cuatro pilares que garantice un ingreso básico para 2,6 millones de adultos mayores y un régimen mixto para los trabajadores formales. La hoja de ruta fija el 1 de julio de 2026 como fecha de entrada en vigor, siempre que la Corte dé luz verde antes de enero de ese año. Sin embargo, Colpensiones admite que hoy no existen los recursos para pagar el bono solidario de 223.800 pesos mensuales y Fitch ha advertido que el nuevo gasto podría elevar el déficit fiscal hasta 5,1% del PIB en 2025, amenazas que ya pesan en la perspectiva crediticia de Colombia.

Marco legal en revisión

El punto de partida del examen constitucional será establecer si la sesión extraordinaria del 29 de junio cumplió las tres horas mínimas de debate y los plazos de notificación exigidos por el fallo previo. La Corte suele resolver vicios formales con prontitud, pero la acumulación de demandas materiales —que alegan monopolio estatal en los primeros 2,3 salarios mínimos y supuesta confiscación del ahorro— implica un dictamen de fondo más complejo. El precedente de la reforma tributaria de 2021, declarada exequible con ajustes, sugiere un escenario intermedio: ajustes parciales sin anular la esencia del proyecto.

Con base en ese antecedente, analistas expertos en litigio constitucional calculan una probabilidad del 65% de que la Corte declare la ley exequible con modificaciones, un 25% de recortes significativos en los artículos más polémicos y apenas un 10% de inconstitucionalidad total. Ese reparto de posibilidades no es meramente académico: el Ejecutivo necesita claridad jurídica antes de poder emitir los decretos reglamentarios y diseñar el Fondo de Ahorro que capitalizará las cotizaciones excedentes. Cada mes que la Corte dilate su fallo complica el calendario presupuestal de 2026.

Costo fiscal y sostenibilidad

El pilar solidario, diseñado para cubrir a quienes nunca cotizaron, costará aproximadamente 0,3% del PIB anual, cifra que en el papel parece manejable pero choca con un déficit estructural que ya ronda 4% del PIB. El ministro de Hacienda se comprometió a financiarlo con mayores ingresos tributarios y reasignaciones de gasto, aunque el Plan Financiero 2025 no detalla las fuentes precisas. La regla fiscal prohíbe elevar el saldo de deuda más allá del 55% del PIB, de modo que cada punto porcentual adicional de gasto permanente se convierte en una carrera contra el tiempo para aumentar la recaudación.

Las agencias de calificación siguen de cerca esa carrera. Fitch revisó la perspectiva soberana de Colombia a negativa alegando “rígidos compromisos de gasto” derivados de la reforma; Moody’s y S&P han emitido alertas similares. Si la recaudación no sube al ritmo previsto —algo probable en un entorno de crecimiento moderado— la posibilidad de otro recorte de calificación antes de 2027 se eleva al 70%, encareciendo el servicio de la deuda y reduciendo el espacio fiscal para políticas sociales. Así, la sostenibilidad del sistema se juega tanto en la Corte como en los mercados.

Desafíos de implementación

Más allá de la macroeconomía, la reforma exige una capacidad operativa inédita. Colpensiones deberá administrar las cotizaciones de todos los trabajadores hasta 2,3 salarios mínimos, mientras que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) gestionarán el excedente. Ello implica migrar datos de 18 millones de afiliados, armonizar sistemas informáticos y garantizar que los pagos actuales no sufran retrasos. El decreto que creará el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo —reservorio clave para financiar pensiones futuras— aún no tiene borrador público, lo que alimenta la incertidumbre.

A nivel tecnológico, la integración de bases de datos de AFP y Colpensiones requerirá un estándar único de historia laboral y un protocolo de ciberseguridad robusto. La experiencia de países como Chile, donde la transición a un sistema mixto tomó casi cinco años, sugiere que Colombia enfrenta un cronograma ambicioso. Cada hito retrasado —licitación de software, capacitación de personal, pruebas piloto— erosiona la confianza de los afiliados y amplifica el riesgo de pagos tardíos, una falla que el Gobierno difícilmente podría permitirse en la antesala de las elecciones de 2026.

Reacción política y social

En el frente legislativo, la aprobación se logró gracias a la coalición de gobierno y unas cuantas bancadas regionales, mientras la oposición optó por el retiro del recinto como protesta simbólica. Esa abstención estratégica anticipa nuevas demandas y la promesa de derogar la ley si la Corte la salva y un bloque opositor llega al poder en 2026. El riesgo de una contrarreforma se estima en 40%, según proyecciones de firmas de análisis político que evalúan encuestas y tendencias electorales.

Para la opinión pública, el pilar solidario es el rostro amable de la reforma: un ingreso mínimo para quienes hoy sobreviven sin pensión. Sin embargo, los jóvenes que cotizan al sistema privado temen que la mayor participación estatal erosione la rentabilidad de sus ahorros. Asofondos ha intensificado su campaña de pedagogía, recordando que las AFP seguirán gestionando parte de los aportes. El debate, por tanto, oscila entre la solidaridad intergeneracional y la defensa del ahorro individual, una tensión que definirá el clima social durante la implementación.

La Corte Constitucional debe decidir si el Congreso subsanó los vicios de trámite y si el contenido de #ReformaPensional cumple con los requisitos de ley. El Gobierno, por su lado, deberá conseguir los recursos para cumplirle a 2,3 millones de ancianos
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— EL PAÍS América Colombia (@ElPaisAmericaCo) July 3, 2025

Un camino cuesta arriba 

La reforma pensional de Petro se sitúa en la intersección de tres variables: legitimidad jurídica, solvencia fiscal y capacidad operativa. Ninguna por sí sola asegura el éxito, pero el fracaso en una bastaría para desbaratar el proyecto. Con una Corte que en los últimos años ha mostrado inclinación a salvar las grandes reformas mediante ajustes, lo más probable es que la ley sobreviva con cambios; el verdadero talón de Aquiles será la financiación del pilar solidario en un contexto de crecimiento lento y deuda cara.

Si el Ejecutivo logra blindar la sostenibilidad presupuestal y acelerar la modernización de Colpensiones, el nuevo modelo podría convertirse en un hito regional al reducir la pobreza extrema en la tercera edad. De lo contrario, Colombia corre el riesgo de repetir un patrón familiar en América Latina: reformas ambiciosas que se hunden bajo el peso de su propio costo. Los próximos doce meses serán decisivos y, para bien o para mal, la reforma pensional marcará el legado de esta administración.