
La IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FFD4) reunió a 192 países en Sevilla entre el 30 de junio y el 3 de julio con un objetivo ambicioso: reformar el sistema financiero global para aliviar la carga de deuda de los países del Sur. El resultado fue el llamado "Compromiso de Sevilla", un documento que reconoce los desafíos, pero que, para muchos actores, es insuficiente ante la gravedad de la crisis.
La conferencia se desarrolló en un contexto de alarma: la deuda pública global alcanzó los 102 billones de dólares en 2024, con un tercio concentrado en economías en desarrollo. Más de 3.400 millones de personas viven en países que gastan más en intereses que en salud o educación, lo que subraya el carácter urgente del problema. Sin embargo, la falta de decisiones firmes y mecanismos vinculantes ha generado críticas por parte de la sociedad civil.
Pese a su lenguaje comprometido, el Compromiso de Sevilla no establece un mecanismo claro de condonación o reestructuración de deuda. Se reconoce la necesidad de reformar la arquitectura internacional bajo la ONU, pero se mantiene la operativa real en foros como el G20 y el Club de París, controlados por acreedores. Estados Unidos se retiró de las negociaciones finales, lo que allanó el camino para un texto más diluido, aunque permitió que el consenso avanzara sin su veto.
Para organizaciones como Oxfam o Jubilee USA, el documento es una “patada hacia adelante”. Acusan a los países ricos de priorizar la protección de inversores privados y fondos buitre, posponiendo decisiones estructurales. Aunque se incluyen más de 130 iniciativas, como cláusulas de pausa de deuda o canjes por desarrollo, su implementación dependerá de voluntades políticas aún inciertas.
El Compromiso introduce el Sevilla Platform for Action, con propuestas como un hub global para canjes deuda-por-desarrollo, programas piloto con financiamiento limitado y una alianza para introducir cláusulas “pause” que suspendan pagos en contextos de crisis. España y el Banco Mundial impulsarán algunos de estos pilotos, mientras que Italia comprometió 230 millones de euros en un programa inicial.
Sin embargo, estas herramientas no son obligatorias ni universales. Las decisiones de alivio seguirán siendo caso por caso, y los países deberán negociar con múltiples actores, desde gobiernos hasta acreedores privados. Además, la falta de transparencia y coordinación amenaza con frenar cualquier avance concreto, especialmente sin un respaldo jurídico multilateral firme.
En la última década, la deuda de los países en desarrollo aumentó en 31 puntos del PIB, llegando al 70 %. Solo en 2023, el servicio externo fue de 487.000 millones de dólares, y se proyecta que ascenderá a 921.000 millones en 2024. Esta dinámica limita el espacio fiscal para inversiones en salud, educación y transición ecológica.
El informe "World of Debt 2025" estima que más del 60 % de los países de bajos ingresos se encuentran en riesgo de sobreendeudamiento o ya están en impago. En este escenario, la ausencia de un tribunal internacional para insolvencia soberana agrava la incertidumbre, dejando a muchas naciones atrapadas en ciclos de deuda impagable.
La salida de Estados Unidos marcó un punto de inflexión. Washington rechazó compromisos en materia de préstamos multilaterales y lenguaje inclusivo, debilitando el liderazgo de los acreedores tradicionales. Esta retirada permitió un acuerdo más inclusivo, pero también más débil. La Unión Europea y otros acreedores insisten en mantener el control de la reestructuración en foros que dominan, y rechazan el traslado a la ONU.
En contraste, los países del Sur Global exigieron mecanismos vinculantes, alivios inmediatos y un enfoque que priorice el bienestar humano sobre los intereses financieros. El choque de visiones evidenció una brecha estructural en la gobernanza económica global, que el Compromiso de Sevilla apenas consigue disimular.
Desde @Entreculturas y #FeyAlegría cerramos nuestra participación en la #FfD4 con un mensaje claro: es urgente transformar el sistema financiero global para garantizar una educación pública, inclusiva y de calidad.
— Fe y Alegría El Salvador (@feyalegriaSV) July 4, 2025
La educación debe estar en el centro. El futuro esta en juego. pic.twitter.com/J0tiuhdUtS
El resultado de la FFD4 refleja la creciente distancia entre las necesidades urgentes de los países endeudados y la voluntad política de las potencias acreedoras. Si bien el texto final es un paso en términos de reconocimiento, carece de fuerza ejecutiva y, por tanto, de impacto inmediato. Es un marco de oportunidades más que un plan de acción efectivo.
Las más de 130 iniciativas podrían aliviar la presión financiera, pero su éxito dependerá de factores aún inciertos, como el financiamiento real, la cooperación multilateral y la presión social. La presidencia del G20 por parte de Brasil en 2026 representa una ocasión clave para retomar la agenda, aunque las probabilidades de reformas sustantivas siguen siendo, por ahora, limitadas.