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05/07/2025 - Edición Nº879
Internacionales
Justicia climática
La Corte Interamericana fija un precedente histórico en América Latina
04/07/2025 | El fallo de la CIDH define por primera vez obligaciones estatales ante el cambio climático con enfoque en derechos humanos.
La CIDH emitió una Opinión Consultiva histórica que establece por primera vez obligaciones estatales concretas frente al cambio climático con enfoque en derechos humanos.
En un hecho sin precedentes para el derecho internacional ambiental, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su Opinión Consultiva 32, una decisión que marcará el rumbo legal de la acción climática en América Latina. Esta resolución, solicitada por Chile y Colombia en 2023, establece estándares jurídicos concretos para que los Estados enfrenten la crisis climática sin vulnerar los derechos humanos de sus poblaciones.
Se trata del primer pronunciamiento vinculante de un tribunal regional que aborda el cambio climático como un problema jurídico y de justicia. En él, la Corte deja en claro que el cambio climático no solo es una cuestión ambiental, sino también una amenaza directa a los derechos fundamentales como la vida, la salud, el agua, la alimentación y la vivienda.
Obligaciones estatales definidas
La Opinión Consultiva establece una serie de obligaciones específicas que los Estados deben cumplir para proteger a sus ciudadanos. Estas incluyen acciones de prevención de riesgos, reducción de impactos, adaptación climática y reparación de daños. Los gobiernos deberán garantizar procesos participativos, diseñar políticas públicas con enfoque ambiental y destinar financiamiento suficiente para cumplir estos fines.
Además, se exige que los países adopten medidas legislativas e institucionales, tanto a nivel nacional como regional. Esto significa adaptar los marcos legales existentes para reflejar los estándares definidos por la Corte y asegurar vías judiciales efectivas para las personas afectadas por la crisis climática.
Grupos vulnerables en el centro
Uno de los aspectos más avanzados del fallo es la reconstrucción del concepto de vulnerabilidad. La Corte reconoce que ciertos grupos —como pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, niños, personas mayores, personas con discapacidad y comunidades LGBTIQ+— enfrentan mayores riesgos climáticos por razones estructurales históricas.
Por ello, los Estados deberán adoptar medidas reforzadas para garantizar que estos sectores cuenten con mecanismos de participación, consulta previa, información climática accesible y protección efectiva frente a desplazamientos o daños ambientales. Esta visión transforma la idea de justicia climática en una herramienta tangible para la equidad.
Un impulso jurídico regional
La OC-32 se suma a otros pronunciamientos recientes, como la Opinión Consultiva 23 de la misma Corte y los fallos del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Juntos, estos documentos están consolidando un corpus normativo internacional que posiciona a América Latina como una región pionera en materia de derecho climático.
El fallo también refuerza la capacidad de los tribunales nacionales para hacer cumplir compromisos ambientales. Activistas, comunidades afectadas y organizaciones podrán utilizar esta opinión como base jurídica sólida para exigir a los Estados políticas climáticas más ambiciosas, incluso ante cortes nacionales.
Implicancias globales e inspiración futura
Aunque es una decisión regional, el impacto de esta Opinión Consultiva trasciende fronteras. Ya se proyecta como un modelo replicable en otras cortes internacionales y un insumo clave para foros como la COP30, que se celebrará en noviembre en Brasil. En ese espacio, se discutirá el financiamiento climático y las reparaciones por pérdidas y daños.
La resolución llega en un contexto de fuerte movilización social. Solo semanas antes, organizaciones civiles latinoamericanas entregaron una carta a los organizadores de la COP, reclamando acciones inmediatas y justas. El fallo de la Corte parece responder directamente a estas demandas, dándole legitimidad jurídica a los reclamos ciudadanos.
¡Hoy la @CIDH marca un hito histórico en la lucha por la justicia climática en el mundo! Los estados de América Latina deben priorizar la agenda del cambio climático, abrir los debates necesarios y actuar contundentemente a propósito de que se aproxima la COP30 en la Amazonía🌎⚠️ pic.twitter.com/PuTDFSXw5x
— Susana Muhamad (@susanamuhamad) July 4, 2025
La CIDH y el ambiente
El pronunciamiento de la Corte Interamericana representa una victoria simbólica y estratégica para la región. No solo fortalece el derecho internacional ambiental, sino que también coloca a América Latina como un actor relevante en el diseño de respuestas globales frente al cambio climático. Al establecer estándares jurídicos obligatorios, otorga herramientas concretas a las comunidades para defender sus derechos.
En términos prácticos, el desafío ahora será trasladar este fallo a las legislaciones nacionales y garantizar su cumplimiento efectivo. Las próximas semanas y meses serán clave para observar cómo reaccionan los Estados y qué medidas adoptan. Si se implementa correctamente, esta decisión podría marcar el inicio de una nueva etapa en la lucha climática: una etapa con justicia, equidad y legalidad al centro.
