
El expresidente Alberto Fernández volvió este viernes a los tribunales de Comodoro Py para ampliar su declaración indagatoria en la causa por presuntas irregularidades en contrataciones de seguros durante su mandato.
En su comparecencia ante el juez federal Sebastián Casanello, el exmandatario reiteró su inocencia y defendió la legalidad del decreto que obligó a los organismos estatales a contratar coberturas con Nación Seguros SA.
La investigación, que analiza contratos por más de $3.000 millones y la participación de al menos 25 brokers, lo tiene imputado por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.
La figura de Héctor Martínez Sosa, broker y amigo personal del expresidente, también está bajo la lupa judicial, al haber concentrado cerca del 42% de los contratos en cuestión.
Fernández, esta vez, no solo presentó un escrito, sino que accedió a responder preguntas del juzgado y del fiscal Carlos Rívolo. También solicitó nuevas medidas de prueba y declaraciones testimoniales, entre ellas, las de la ex secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra y el exministro de Economía Martín Guzmán.
La defensa del exmandatario, a cargo de la abogada Mariana Barbitta, remarcó que la imputación carece de precisión y que el Decreto 823/2021 que impuso a Nación Seguros como única opción para los entes estatales, buscaba eliminar la cartelización y reforzar el rol del Estado en el mercado asegurador.
“Lo que existía era un sistema cartelizado, con empresas privadas repartiéndose contratos simulando competencia. El decreto buscó terminar con eso”, planteó Fernández ante Casanello.
Según el ex jefe de Estado, su gestión no tuvo injerencia alguna en la elección de intermediarios ni en las contrataciones específicas, por lo que rechazó cualquier vínculo con maniobras para beneficiar a personas de su entorno.
Sobre Martínez Sosa, insistió: “Lo conozco, pero jamás gestioné un contrato para él. No es delito conocer a alguien”. La causa comenzó con el análisis de 45 contratos estatales que incluyeron intermediación de brokers.
La acusación sostiene que, mediante un esquema coordinado entre funcionarios públicos y particulares, se direccionaron contrataciones con comisiones multimillonaria s.
Ahora, tras la ampliación de la declaración y con nuevos elementos en el expediente, el juez Casanello deberá definir si avanza con el procesamiento de Fernández y del resto de los imputados. La Cámara Federal ya instó a que esa decisión se tome “con celeridad”.
FS