
Desde el bloque de Unión por la Patria presentaron un proyecto en la Cámara de Diputados para sancionar los “discursos de odio” de funcionarios nacionales.
La iniciativa pretende incorporar un apartado a la Ley 23.592 que penaliza los actos discriminatorios.
Así, “serán considerados actos discriminatorios, en los términos de la presente ley, las manifestaciones o discursos públicos emitidos por funcionarios públicos o autoridades de cualquiera de los tres poderes del Estado que: a) inciten al odio o la violencia hacia personas o colectivos por motivos religiosos, étnicos, ideológicos, de género, nacionalidad o condición socioeconómica; b) promuevan la estigmatización o deshumanización de personas o grupos sociales; c) constituyan adhesión a acciones que atenten contra el derecho internacional humanitario en cualquiera de sus contenidos.
En ese marco, se indica que “tales actos serán considerados falta grave a los efectos de la eventual remoción, suspensión o juicio político del funcionario público de que se trate, conforme el régimen que rija la respectiva función”.
Por otro lado, la propuesta busca crear un Observatorio Parlamentario contra el Discurso de Odio, que elevará informes semestrales a ambas Cámaras del Congreso de la Nación, incluyendo diagnósticos, estadísticas y recomendaciones sobre el fenómeno del discurso de odio institucional.
Además, tendrá como objetivo “promover instancias de diálogo, capacitación y articulación con organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales con competencia en la materia”.
En los fundamentos, los diputados peronistas aseguraron que “no se trata de restringir la libertad de expresión. Se trata de protegerla de la distorsión autoritaria que se produce cuando se utiliza el aparato estatal, sus cuentas oficiales, sus vocerías, sus actos públicos, para estigmatizar ciudadanos, criminalizar sectores sociales, denigrar adversarios o alimentar discursos de odio que luego se replican en la sociedad”.