
La relación entre Colombia y Estados Unidos atraviesa su momento más tenso en años. El gobierno de Joe Biden llamó a consultas a su embajador interino en Bogotá, Francisco Palmieri, tras una serie de declaraciones de altos funcionarios colombianos que insinuaban una supuesta injerencia extranjera en contra del presidente Gustavo Petro. La medida fue anunciada por el Departamento de Estado como una reacción ante afirmaciones "infundadas y profundamente preocupantes" emitidas desde el Palacio de Nariño.
La portavoz del Departamento de Estado, Kristina Rosales, aclaró que Palmieri permanecerá en Washington por tiempo indefinido, en lo que definieron como un "proceso de revisión de la relación bilateral". Aunque no se trata de una ruptura formal, la retirada temporal del embajador representa un deterioro evidente de la confianza diplomática, especialmente en un país considerado hasta hace poco como uno de los aliados más sólidos de EE. UU. en la región.
El punto de inflexión fue una serie de declaraciones del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y del canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, quienes sugirieron la posibilidad de una "conspiración externa" contra el gobierno. Aunque no mencionaron explícitamente a Estados Unidos, el tono y el contexto de sus afirmaciones fueron interpretados por Washington como una acusación velada de intervencionismo.
Estas declaraciones se sumaron a una narrativa promovida por sectores del petrismo que alertan sobre un supuesto "golpe blando" en curso. Según esta versión, actores del sistema judicial colombiano, incluyendo la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Constitucional, estarían confabulados con intereses internacionales para bloquear las reformas sociales del gobierno.
Tras la decisión de EE. UU., la Cancillería colombiana emitió un comunicado en el que expresó su deseo de mantener un canal diplomático "abierto y constructivo". Sin embargo, evitó hacer una retractación clara o deslindarse de las declaraciones que provocaron la crisis. Este silencio fue leído por analistas como una confirmación implícita de la postura presidencial.
La oposición interna, por su parte, acusó al presidente Petro de utilizar esta tensión como una estrategia de distracción frente a los escándalos y bloqueos que enfrenta su administración. En particular, el caso de corrupción en la UNGRD, la parálisis legislativa y la salida del excanciller Álvaro Leyva han debilitado la imagen del gobierno, que busca reforzar su narrativa de resistencia frente a poderes externos e internos.
La salida de Palmieri tiene consecuencias inmediatas. Suspende de facto el diálogo de alto nivel entre ambos gobiernos, justo cuando se discutían temas clave como la cooperación antidrogas, los programas ambientales en el Amazonas y la gestión de flujos migratorios. Además, podría frenar convenios bilaterales que dependen de relaciones estables y confianza institucional.
A nivel regional, Colombia podría enfrentar un aislamiento progresivo si continúa por esta vía de confrontación diplomática. La comparación con las experiencias de Venezuela o Ecuador bajo líderes como Hugo Chávez o Rafael Correa se vuelve inevitable, sobre todo por el uso de discursos que denuncian conspiraciones sin pruebas claras.
En el pasado, Gustavo Petro ya había hecho alusiones a presiones extranjeras cuando sus reformas encontraban obstáculos. Sin embargo, esta es la primera vez que Estados Unidos responde con una acción diplomática de este calibre, lo que marca un precedente inédito desde que Petro asumió la presidencia.
Este episodio podría tener efectos duraderos en la imagen internacional de Colombia. Organismos multilaterales y otros países de la región podrían reconsiderar su cooperación si perciben un alejamiento del país respecto a los marcos institucionales y diplomáticos tradicionales.
La decisión de Estados Unidos de retirar a su embajador interino representa un mensaje claro: el deterioro de la confianza institucional entre Bogotá y Washington ya no puede ocultarse. Esta medida, aunque reversible, marca una señal de alarma sobre el rumbo que está tomando la política exterior del gobierno de Petro.
De persistir esta narrativa de confrontación con aliados históricos, Colombia corre el riesgo de quedar aislada en un momento de alta volatilidad regional. El conflicto diplomático actual podría ser apenas el primer síntoma de una crisis más profunda en la relación bilateral y en la proyección internacional del país.