Unión por la Patria exige tratar la “ley antiempate” y apunta al bloqueo del oficialismo

Tres diputados de Unión por la Patria apuraron este viernes al oficialismo para que se convoque de manera urgente al tratamiento de la denominada “ley antiempate”, un proyecto que busca resolver el estancamiento en la designación de autoridades de la comisión investigadora del escándalo cripto conocido como “Libra”. La comisión, creada para indagar posibles responsabilidades del Gobierno en la promoción de una criptomoneda fraudulenta, está paralizada desde hace más de dos meses.

La iniciativa, impulsada originalmente por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y acompañada por diversos bloques opositores, entre ellos UP, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, establece un mecanismo objetivo para resolver los empates en la votación de autoridades. Actualmente, la comisión cuenta con 28 miembros divididos en dos bloques de 14, lo que impide elegir un presidente.

A través de una nota formal, Sabrina Selva, Juan Marino y Mónica Litza exigieron al presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, que convoque de inmediato a una reunión sin “más dilaciones ni artilugios reglamentarios”. Los legisladores opositores remarcaron la gravedad institucional del caso y señalaron la necesidad de garantizar “el normal funcionamiento de una comisión creada para investigar un fraude que involucra a la máxima autoridad del país”.

El proyecto establece que, en caso de empate, se designe como presidente al candidato cuyo bloque tenga mayor cantidad de integrantes en la Cámara de Diputados, lo que hoy beneficiaría a la oposición. También regula el funcionamiento interno y fija plazos concretos para emitir un informe final con los hallazgos de la investigación.

Desde el oficialismo, sin embargo, mantienen su estrategia de bloqueo. Postulan al libertario Gabriel Bornoroni -quien votó contra la creación de la comisión- y evitan abrir el debate en comisión. El último intento de consenso fue en abril, cuando tras el empate se planteó un cuarto intermedio de dos semanas que, según los diputados opositores, “jamás fue acompañado de voluntad política ni gestos concretos”.

En los fundamentos del proyecto, se advierte que el oficialismo “manipuló la composición de bloques” para garantizar el empate, al igual que la oposición en parte, que prestó dos diputadas al Frente de Izquierda para equilibrar la distribución. “El empate fue funcional al verdadero objetivo del oficialismo: impedir que la comisión funcione”, sostuvieron.

Pese a que en una de las últimas reuniones, coordinada provisoriamente por el secretario parlamentario Adrián Pagán, se logró avanzar con la citación de algunos invitados, la presidencia sigue siendo el punto de mayor tensión. Desde la oposición advierten que, sin autoridad definida, la comisión no puede disponer citaciones ni medidas de investigación clave.

“No es un tema procedimental ni una pulseada política. Está en juego la capacidad del Congreso de controlar a las más altas autoridades del Ejecutivo, como Javier Milei, Karina Milei o Manuel Adorni”, remarcaron los firmantes. El proyecto exige transparencia, reglas claras y la posibilidad de llegar a conclusiones concretas sobre el manejo del caso Libra.

En paralelo, crece la presión pública por parte de diversos sectores que reclaman explicaciones sobre el escándalo. La iniciativa ya cuenta con respaldo de bloques variados y, aunque Mayoraz no está obligado a tratarla, un emplazamiento en el recinto podría forzar su debate en las próximas sesiones. Por ahora, la comisión sigue empantanada, y con ella, la posibilidad de que se investigue uno de los escándalos más resonantes de la era Milei.