
El gobierno de Río Negro decidió llevar a la Justicia una problemática que afecta a miles de personas: el grave estado de la Ruta Nacional 151, un corredor estratégico que une Cipolletti con La Pampa. El gobernador Alberto Weretilneck presentó una demanda colectiva contra el Estado nacional y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), denunciando el “abandono” y el “deterioro crítico” de la vía.
La presentación, firmada por Weretilneck, el fiscal de Estado Gastón Pérez Estevan y varios intendentes del Alto Valle, como Rodrigo Buteler (Cipolletti) y Daniela Salzotto (Catriel), reclama medidas cautelares y una reparación integral de los más de 150 kilómetros afectados. El objetivo es garantizar la seguridad y la conectividad de una ruta vital para la provincia.
BASTA DE ABANDONO: RÍO NEGRO DEMANDA A LA NACIÓN POR LA RUTA 151
— Alberto Weretilneck (@Weretilneck) July 5, 2025
La 151, de acceso a la Patagonia, está destruida. Pone en riesgo vidas todos los días. El Estado Nacional mira para otro lado, pero nosotros no.
Junto a intendentes, cámaras empresariales y la Defensoría del… pic.twitter.com/YTv6THAcTw
Esta iniciativa cuenta con respaldo de sectores clave: la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, la Cámara Empresarial de Servicios de Río Negro, la Cámara de Servicios Petroleros y la Defensoría del Pueblo, que encabeza Adriana Santagati. Desde sus redes sociales, Weretilneck fue contundente: “La 151 está destruida y pone en riesgo vidas todos los días. El Estado nacional mira para otro lado, pero nosotros no”.
El impacto del deterioro vial va más allá de la infraestructura. Según el documento judicial, la ruta afecta más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes que dependen del corredor para trasladarse a las escuelas, además de más de 576 traslados sanitarios anuales. También perjudica sectores productivos como la fruticultura, minería, turismo y la industria hidrocarburífera, responsable de gran parte de la producción petrolera y gasífera provincial.
Un diagnóstico de Vialidad Rionegrina señaló que la ruta presenta “ahuellamientos, baches y descascaramientos” a lo largo de toda su extensión, comprometiendo la seguridad vial y la prestación de servicios esenciales. Frente a esta situación, el Juzgado Federal de General Roca ya ordenó a Vialidad Nacional informar en cinco días sobre las medidas adoptadas y los planes de reparación.
El gobierno provincial denunció que a pesar de que el 28,58% del Impuesto a los Combustibles debería destinarse al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, esos fondos fueron desviados por el Estado nacional. Esto agravó la “desnaturalización del régimen de financiamiento vial” y dejó a corredores estratégicos en condiciones “calamitosas”.
La demanda colectiva es un paso firme para defender “los derechos a la vida, la salud y la seguridad de los usuarios de la ruta”, y podría sentar un precedente para que otras provincias inicien acciones similares frente a la falta de inversión en obras públicas. Weretilneck y gobernadores patagónicos vienen reclamando también la transferencia de jurisdicción de autovías claves, incluyendo la RN 151.
Finalmente, el gobernador reafirmó su postura con un mensaje claro en redes sociales: “Exigimos lo que nos corresponde y defendemos a nuestra gente, con hechos y en la Justicia”. La estrategia judicial es la respuesta ante la demora y el abandono que sufren infraestructuras vitales para la región.