
El Gobierno nacional se prepara para lanzar un último y potente paquete de reformas antes del vencimiento de las facultades delegadas que le otorgó la Ley Bases. El martes 8 de julio es el último día hábil para firmar decretos bajo ese paraguas legal, y en la Casa Rosada ya tienen lista una serie de medidas que podrían impactar de lleno en la estructura del Estado.
Desde la promulgación de la Ley Bases, el Poder Ejecutivo concentró facultades excepcionales para avanzar en cambios profundos en áreas clave como la administración pública, la economía, el sector energético y el aparato productivo. Estas atribuciones expiran esta semana, y el Gobierno ha optado por no pedir una prórroga ni utilizar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para extenderlas.
El plan oficial incluye reformas estructurales en organismos descentralizados, reestructuración de fuerzas federales y la eliminación de fondos fiduciarios, en una ofensiva final antes de que el marco legal que lo permite se disuelva. La expectativa está puesta en el Boletín Oficial del jueves, último día útil antes del feriado del 9 de Julio.
Uno de los puntos centrales es la reforma de las fuerzas de seguridad federales, con cambios profundos en la Gendarmería, la Prefectura, la PSA y el Servicio Penitenciario Federal. El objetivo declarado es reducir la superposición de funciones y optimizar mecanismos de reclutamiento y despliegue.
También se estudia la reestructuración de entes públicos como el INTI, INTA, INV, IMPI, ORSNA y ANAC. En todos los casos, el criterio es la centralización de funciones y la modificación de estructuras para alinear su funcionamiento con la lógica de “eficiencia estatal” promovida por el Gobierno.
Otro eje del “decretazo” es la eliminación de los fideicomisos FFFIR (Infraestructura Regional) y FONDEP (Desarrollo Productivo), que este año han manejado más de $296.000 millones. El Ejecutivo busca suprimirlos por considerar que funcionan como “cajas paralelas” fuera del control directo del Tesoro.
Como adelanto del paquete, este lunes se oficializó la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que absorbe las funciones del ENARGAS y del ENRE. El nuevo ente unificará el control de ambos servicios públicos, consolidando el marco regulatorio bajo un único organismo federal.
Con el tiempo agotándose, la última tanda de decretos aparece como la apuesta final del Ejecutivo para profundizar su plan de reforma estatal antes de perder la herramienta legal que lo habilitaba. Todo indica que los próximos días serán decisivos tanto en el plano institucional como en el político.