Del Pacto de Mayo a la pulseada fiscal: la Nación contra los gobernadores

Hace casi un año, el 9 de julio de 2024, Javier Milei reunió en Tucumán a 18 gobernadores y al jefe de Gobierno de la Ciudad -Jorge Macri- para sellar el "Pacto de Mayo". Allí, prometía avanzar juntos en reformas, alivio fiscal y cooperación institucional, todo pensado como un pacto por una nueva Argentina. Pero hoy ese acuerdo está en tensión.

La semana pasada se presentaron en el Senado dos proyectos de ley que ponen en jaque el sistema fiscal impuesto por el Ejecutivo. Los firmantes fueron los jefes de bloques José Mayans (Frente Nacional y Popular), Juliana di Tullio (Unidad Ciudadana), Fernando Salino (Convicción Federal) -las tres bancadas del interbloque Unión por la Patria-, Anabel Fernández Sagasti (vicepresidenta de UP), Eduardo Vischi (Unión Cívica Radical), Alfredo De Angeli (Frente Pro), Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Carlos Espínola (Unidad Federal) y Martín Lousteau (UCR).

El primer proyecto busca eliminar varios fideicomisos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) -como los de infraestructura hídrica, transporte, vialidad y vivienda- y transferir esos fondos directamente a las provincias según el reparto coparticipable establecido en la Ley de Coparticipación Federal, garantizando un 57 % para provincias, 28,7 % al ANSES y 14,3 % al Tesoro Nacional. El segundo propone que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) también se distribuyan en forma automática, diaria y coparticipable, sin discrecionalidad del Ejecutivo. La intención es incluirlos en una sesión esta misma semana, alrededor del jueves 10 de julio.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya salió al cruce: anticipó que el Gobierno vetará cualquier norma que ponga en riesgo el "equilibrio fiscal". Pero los gobernadores sostienen que no se está pidiendo más presupuesto, sino una redistribución de fondos ya existentes, lo cual, aseguran, no desbalancearía las cuentas nacionales.

En este contexto, Milei se prepara para encabezar un acto austero en Tucumán por el 9 de julio, sin desfile militar y con fuerte énfasis en el ahorro de la “motosierra” presupuestaria. La convocatoria incluyó a todos los gobernadores, pero hasta el momento sólo confirmaron su asistencia Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y Myrian Prunotto (Córdoba). Santa Fe y Mendoza ya comunicaron que no participarán.

Esta contradicción revela el verdadero estado de la relación entre Nación y provincias: no hay unidad tras el pacto, sino una pulseada por autonomía financiera y controles institucionales. Si los proyectos se aprueban, el poder de la lapicera -ese que Milei emplea por decreto- deberá asumir los costos. Si, por el contrario, prevalece la disciplina simbólica del acto en Tucumán sobre las decisiones legislativas, el federalismo perderá profundidad y las provincias quedarán subordinadas. Esto se da en el marco, también, de negociaciones de la propia La Libertad Avanza con algunos espacios provinciales de cara al armado electoral de lo que queda del año.

El verdadero termómetro del Pacto de Mayo no estará en discursos o rituales patrióticos. Estará en el Congreso. Allí se decidirá si el pacto entre Nación y las provincias puede ser una realidad o si se consagra un federalismo de palabra y ajuste amparada en un centralismo que gobierna a base de decretos.