Crece el escándalo por las valijas que entraron al país sin control

El hecho tuvo lugar el pasado 26 de febrero y, en su momento, despertó múltiples interrogantes. No obstante, desde el Gobierno salieron a desmentirlo y el episodio quedó envuelto en un manto de dudas. Sin embargo, tanto las grabaciones como el reciente dictamen judicial refutan de manera directa esas versiones, dejando en evidencia un desvío en los procedimientos y una facilitación intencional del ingreso exclusivo.

Cabe recordar que un avión privado de la firma Royal Class, perteneciente al empresario Leonardo Scatturice -quien mantiene estrechos vínculos con el oficialismo y ocupa un rol como asesor de Santiago Caputo, además de actuar como contacto entre Javier Milei y figuras internacionales como Donald Trump- habría ingresado al país con diez valijas que, según la investigación en curso, no atravesaron los controles aduaneros habituales.

El vuelo aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery en horas de la mañana, con la pasajera Laura Belén Arrieta, gerente de operaciones corporaticas de la empresa OCP TECH, y dos tripulantes: José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto.

Frente a las sospechas, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió una pesquisa preliminar, solicitando reportes a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a la empresa Royal Class y a Aduana, además de requerir material fílmico del Aeroparque y declaraciones de funcionarios de alto rango.

El dictamen de 60 páginas detalla múltiples irregularidades. Entre ellas, se incluyen capturas de pantalla que muestran que la aeronave transportaba diez piezas de equipaje, aunque solamente cinco fueron declaradas oficialmente.

Los fiscales del caso advirtieron que ni los pasajeros ni sus pertenencias fueron sometidos a controles mediante escáneres u otros dispositivos. Las imágenes revelan cómo el personal aduanero "recondujo" tanto a los tripulantes como a la pasajera, permitiéndoles el acceso diferenciado sin revisión, a pesar de que otros viajeros sí fueron sometidos a controles. Los representantes del Ministerio Público calificaron este accionar como una “decisión expresa y directa del personal aduanero”, tomada en ausencia de congestión operativa o sobresaturación de tareas que pudiera justificarla.

Asimismo, la investigación detectó irregularidades en los registros migratorios. Aunque se consignó que el vuelo de llegada provenía de Fort Lauderdale (KFLL), en realidad había partido desde Opa-locka (KOPF). En cuanto a la salida del país, el 5 de marzo, la documentación de Migraciones indicó como destino nuevamente Fort Lauderdale, aunque el trayecto real fue hacia París, con una escala previa en el Aeropuerto de Tenerife Sur, en las Islas Canarias, España.

Durante su estadía en el hangar de Aeroparque, tampoco hubo registro continuo de vigilancia sobre la aeronave. Si bien desde Royal Class sostuvieron que nadie accedió al avión durante ese período, el Ministerio Público Fiscal examinó las grabaciones provistas por la Policía Federal y detectó “filmaciones incompletas con lapsos temporales sin registro”, durante los cuales no se pudo monitorear la aeronave. Además, se señaló que el procedimiento de “sellado” no contó con respaldo oficial alguno.

Otro punto relevante es que la aeronave no figura en los registros de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El foco de los fiscales también se centró en Laura Belén Arrieta. En las filmaciones recopiladas, se la observa entregándole un teléfono celular a una agente aduanera, quien respondió con un gesto de aprobación, levantando el pulgar en señal de “okey”.

Ante estos elementos, los investigadores solicitaron una serie de medidas para identificar a la agente de Aduana que intervino en el procedimiento, así como al resto del personal presente en el operativo. Además, pidieron la ampliación de las declaraciones por parte de los ocupantes del vuelo para esclarecer lo sucedido.

Cuando trascendió públicamente el ingreso del avión de Royal Class, el Gobierno, mediante su vocero presidencial Manuel Adorni, rechazó cualquier tipo de anormalidad. En una rueda de prensa brindada en Casa Rosada, Adorni aseguró: “Esta persona se sometió a todos los controles de Aduana sin detectarse nada extraño, siguiendo los protocolos, cumpliendo con la normativa”.

No obstante, las pruebas visuales y el dictamen fiscal desmienten de manera tajante esas afirmaciones, dejando en evidencia un acceso privilegiado y facilitado de forma irregular.

El avión permaneció en el país hasta el 5 de marzo, cuando despegó rumbo a París con la misma tripulación y pasajera. En esa ocasión se sumó al grupo Víctor Germán Du Plooy, gerente de negocios corporativos de OCP, quien había ingresado previamente al país a través de Ezeiza.