El Gobierno simplifica la actividad minera con menos trabas y más inversión

En línea con su objetivo de desregular la economía y dinamizar sectores estratégicos, el Gobierno nacional introdujo modificaciones claves al régimen de inversiones mineras mediante un decreto que busca reducir la burocracia, acelerar procesos y facilitar el ingreso de capitales.

La norma, firmada por el presidente Javier Milei, modifica aspectos centrales de la Ley de Inversiones Mineras N° 24.196, vigente desde 1993, y representa un cambio de enfoque en la relación entre el Estado y las empresas del sector.

El nuevo marco regulatorio, trabajado por el equipo del viceministro coordinador para Energía y Minería, Daniel González, y el secretario del área, Luis Lucero, apunta a eliminar lo que desde el oficialismo denominan "permisología excesiva": trámites, formularios y controles considerados innecesarios que obstaculizan el avance de los proyectos.

Entre los cambios más relevantes figura la simplificación de los procesos de verificación de inversiones, que hasta ahora requerían la presentación de formularios extensos con datos en muchos casos irrelevantes.

En adelante, bastará con un informe técnico validado por un profesional independiente para certificar la ejecución de inversiones, lo que reducirá tiempos y facilitará el acceso a los beneficios fiscales que contempla el régimen.

Otra modificación sustancial se da en torno a la estabilidad fiscal. El decreto introduce ajustes al artículo 10° de la ley, que regula la emisión de certificados que aseguran por 30 años un marco impositivo invariable.

A partir de ahora, bastará con la sola emisión del certificado sin necesidad de validaciones interjurisdiccionales adicionales para que las empresas puedan comenzar a aplicar los beneficios fiscales, eliminando demoras que en algunos casos superaban el año.

Este giro regulatorio coincide con el lanzamiento del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), aprobado recientemente en la Ley Bases, donde proyectos como el de Rincón Litio, de la multinacional Rio Tinto, ya han sido autorizados para avanzar con desembolsos millonarios.

En paralelo, el Ejecutivo busca captar inversiones en yacimientos maduros y relanzar áreas de exploración en baja, con el objetivo de reforzar el perfil exportador del sector.

En cuanto a la generación de conocimiento geológico, el decreto también dispone la reactivación del Banco Nacional de Información Geológica, a cargo del SEGEMAR.

Las empresas inscriptas en el régimen deberán volcar allí los datos obtenidos en sus tareas exploratorias, los cuales estarán disponibles para consulta pública. El Gobierno busca así generar mayor transparencia técnica y fomentar nuevas inversiones a partir de información validada sobre el potencial minero del país.

Como parte de la reorganización administrativa, la medida también ordena una revisión a fondo del rol de la Secretaría de Minería, actualmente bajo la órbita del Ministerio de Economía. Se apunta a redefinir sus competencias, achicar estructuras y reforzar un perfil más técnico y descentralizado.

Esta reorganización va en línea con otras reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo, que promueven un Estado más chico y con menor presencia directa en sectores productivos.

Desde el sector privado, las primeras reacciones combinan expectativa y cautela. Si bien reconocen que toda simplificación “es positiva”, también advierten que la clave estará en asegurar un marco previsible, con reglas estables en el tiempo, especialmente en un contexto macroeconómico aún incierto y con tensiones latentes entre Nación y provincias por el manejo de los recursos naturales.

El nuevo decreto, en definitiva, representa un reposicionamiento del Estado frente a la minería: menos presencia regulatoria, más incentivo fiscal, y una fuerte apuesta por destrabar proyectos estratégicos que generen dólares e impulsen el desarrollo exportador.

FS