Mientras el Senado debate jubilaciones y discapacidad, organizan marcha frente al Congreso

El Senado se prepara para una sesión clave este jueves, donde intentará debatir proyectos que incluyen el aumento de jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Sin embargo, la convocatoria está en duda y el panorama político muestra un fuerte nivel de tensión.

La semana pasada, la comisión de Presupuesto y Hacienda se autoconvocó para dictaminar las iniciativas, que ya cuentan con media sanción. No obstante, las autoridades del Senado consideraron inválido ese proceso y pusieron en riesgo el tratamiento de los proyectos en el recinto.

El principal obstáculo es la negativa del presidente de la comisión, el libertario Ezequiel Atauche, a convocar formalmente las reuniones. Ante esta situación, senadores de Unión por la Patria, la UCR y el PRO intentaron maniobrar para avanzar con los dictámenes, pero la Cámara Alta resolvió que no cumplen con los requisitos reglamentarios.

Desde el sector de La Libertad Avanza, aseguraron que “tener mayoría circunstancial no implica violar el reglamento” y advirtieron que próximamente se confirmará la invalidez de lo actuado en la comisión. La oposición, por su parte, sigue buscando alternativas para asegurar la sesión del jueves.

En paralelo, el sector de discapacidad convocó a una movilización frente al Congreso a partir de las 11 horas, con el fin de presionar para que los proyectos avancen. Reclaman la aprobación de la emergencia en discapacidad, que fortalecería el sistema de prestaciones y garantizaría recursos hasta 2026.

La iniciativa contempla la actualización automática de aranceles según el IPC, la compensación de emergencia para las pensiones no contributivas por invalidez y un aumento del financiamiento para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los miembros del Foro denunciaron un colapso total del sistema de atención.

Para los referentes del sector, el problema radica en el incumplimiento estatal, la desfinanciación y la vulneración sistemática de derechos, que afectan a más de 250 mil personas con discapacidad y a quienes trabajan en los servicios de atención. En este sentido, Eduardo Maidana, secretario de Aiepesa y referente del Foro de Discapacidad, afirmó: “No pedimos privilegios, sino el respeto a derechos ya reconocidos por la ley y que hoy se vulneran sistemáticamente. La situación del sistema de discapacidad es insostenible y requiere una respuesta urgente del Estado".

Pablo Molero, coordinador del Foro, cuestionó la visión del Gobierno sobre inclusión y trabajo: “Un niño en situación de pobreza difícilmente pueda integrarse sin la atención que necesita”. El proyecto busca garantizar la continuidad de prestaciones, evitar quitas arbitrarias y frenar el colapso del sistema.

Dentro del Senado, el Frente de Todos es el principal impulsor de la emergencia. Su representante, Stefanía Cora, destacó la urgencia y la importancia social de la iniciativa, respaldada también por familiares, organizaciones y prestadores.

No obstante, la oposición propone sus propios enfoques. Víctor Zimmermann, de la UCR, pidió más tiempo para evaluar la propuesta, mientras que la senadora del PRO, Carmen Álvarez Rivero, planteó actualizar los aranceles como alternativa sin necesidad de una nueva ley.

Por último, las negociaciones para conseguir quórum en la sesión parecen inciertas. Aunque parte del kirchnerismo, algunos radicales y una fracción del PRO apoyarían las iniciativas, los libertarios se oponen y Javier Milei anticipó que vetaría las leyes si se sancionan. El jueves será una jornada clave para definir el rumbo.