09/07/2025 - Edición Nº883

Internacionales

Verdad pendiente

FARC: excomandantes reconocen reclutamiento de menores ante la JEP

08/07/2025 | Seis excomandantes del antiguo secretariado reconocieron su responsabilidad en el reclutamiento forzoso de niños, niñas y adolescentes.



En una audiencia clave para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), seis excomandantes del último secretariado de las FARC reconocieron el reclutamiento forzoso de 18.677 menores entre 1996 y 2006. Esta admisión marca un punto de inflexión en el proceso de verdad y justicia para miles de víctimas del conflicto armado colombiano.

Los exjefes guerrilleros calificaron esta práctica como "injustificable" y ofrecieron una declaración conjunta en la que asumieron responsabilidad colectiva. La JEP, que agrupa estos hechos en el llamado macrocaso 07, busca determinar si este reconocimiento satisface los requisitos para avanzar hacia una audiencia pública y la imposición de sanciones restaurativas.

Reconocimiento en bloque

Los excomandantes Rodrigo Londoño ("Timochenko"), Jaime Alberto Parra, Milton Toncel, Pastor Alape, Pablo Catatumbo y Julián Gallo comparecieron ante la JEP para formalizar su responsabilidad. Todos ellos ocupaban cargos de máxima dirección en las extintas FARC durante el período en que ocurrieron los reclutamientos.

La declaración conjunta se presentó tras meses de presión de las víctimas y organismos de derechos humanos. Aunque ya habían aceptado algunos hechos a finales de 2024, esta fue la primera vez que lo hicieron formalmente dentro del procedimiento judicial de la JEP.

Mecanismos de captación violenta

El reconocimiento detalló los principales mecanismos empleados para incorporar menores a la organización armada: el 57 % de los casos ocurrió mediante el uso de la fuerza, el 28 % mediante engaños (como falsas promesas de educación o reencuentro familiar) y el 15 % a través de persuasiones ideológicas.

Este patrón no fue accidental ni aislado. Los testimonios acumulados por la JEP, más de mil en total, dan cuenta de una estrategia sistemática para vincular menores, incluso niños de tan solo 10 años, a estructuras armadas en distintos frentes de combate.

Violencia reproductiva y tratos crueles

La admisión de los excomandantes incluyó también las formas de violencia extrema sufridas por las menores reclutadas. Se reportaron abortos forzados, anticoncepción obligatoria, violaciones y tortura, en un contexto que combinaba disciplina armada con abuso sistemático.

Más de 5.600 víctimas fueron menores de 14 años. Este dato revela no solo la magnitud del daño sino también la ruptura de todas las normas internacionales de protección a la infancia. La JEP podría calificar estos hechos como crímenes de lesa humanidad.

Postura de las víctimas

A pesar del gesto de reconocimiento, algunos abogados representantes de las víctimas consideran insuficiente la declaración. El defensor Juan Manuel Martínez criticó la falta de detalles sobre responsabilidades individuales y la escasa precisión sobre el alcance real de los abusos cometidos.

"No basta con un reconocimiento genérico si no se individualizan los mandos responsables y las decisiones tomadas. La verdad también exige especificidad", afirmó Martínez, tras conocer el contenido de la carta enviada a la JEP.

Lo que sigue en el proceso

La JEP debe ahora evaluar si este reconocimiento cumple con los estándares exigidos para avanzar en la ruta judicial. Si se considera suficiente, se abriría paso a una audiencia pública donde las víctimas podrán intervenir directamente.

En paralelo, los excomandantes solicitaron que se dicte una resolución unificada, con el fin de acelerar el proceso y obtener sanciones restaurativas, que no implican prisión, sino medidas de reparación simbólica y material.

Entre asesinos y secuestradores 

El reconocimiento por parte del último secretariado de las FARC constituye un hecho histórico, pero deja preguntas abiertas. La dimensión del daño causado a miles de niños y niñas no puede limitarse a una aceptación colectiva. Se requieren acciones más concretas y profundas para restaurar el tejido social roto.

El desafío para la JEP y el sistema de justicia transicional es doble: garantizar verdad plena y asegurar una justicia restaurativa que sea percibida como tal por las víctimas. Lo ocurrido en esta audiencia es un paso importante, pero insuficiente por sí solo.