Teuchitlán y la sentencia esperada: 141 años de prisión para 10 homicidas

El caso que sacudió al municipio de Teuchitlán, Jalisco, en septiembre de 2024, ha dado un giro crucial: diez hombres fueron declarados culpables por homicidio calificado y desaparición forzada. La decisión fue tomada por un tribunal colegiado federal, tras un juicio oral que se extendió durante cinco días.

Los ahora condenados fueron detenidos el 18 de septiembre de 2024 durante un operativo de la Guardia Nacional en el Rancho Izaguirre. En ese momento, los agentes fueron atacados a tiros. En el lugar se encontró el cuerpo sin vida de un hombre y a dos personas privadas de la libertad, lo que permitió vincular directamente a los imputados con los crímenes.

Un juicio con evidencia forense y testigos clave

Durante el proceso judicial se presentaron más de 20 testimonios, además de peritajes forenses y materiales que apuntalaron la acusación. Entre los elementos más contundentes, se contó con la declaración de una persona que sobrevivió a la privación de la libertad y logró identificar a uno de los acusados. La gravedad de los delitos y la evidencia acumulada sostuvieron la expectativa de una condena ejemplar.

El rancho Izaguirre y la red de criminalidad

Según investigaciones propias, el rancho fue utilizado entre 2021 y 2024 como un centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Allí se habrían cometido actos de tortura, reclutamiento forzado y ejecuciones. Sin embargo, las autoridades federales descartaron que se tratara de un "campo de exterminio", como lo habían denunciado colectivos de búsqueda.

El 5 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco logró ingresar al sitio y encontró más de 1,300 objetos, entre restos óseos, ropa y calzado. El hallazgo reveló la magnitud del horror y reforzó las denuncias de las familias de víctimas desaparecidas.

Omisiones de la fiscalía y complicidad estatal

En contraste, las actuaciones de la Fiscalía de Jalisco estuvieron marcadas por graves negligencias. No se aseguraron los vehículos, no se levantaron huellas dactilares ni se indagó la propiedad legal del terreno. Las omisiones fueron reconocidas incluso por autoridades federales, lo que pone en tela de juicio la voluntad estatal de investigar a fondo.

Una línea de investigación relevante es la posible complicidad de funcionarios locales. El alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía, fue arrestado por su presunta vinculación con el CJNG. Se lo acusa de recibir pagos mensuales y de haber facilitado el reclutamiento de jóvenes mediante redes sociales.

Repercusiones nacionales y agenda política

La dimensión del caso ha tenido repercusión nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto reformas a la Ley General de Desaparición, en un intento por mostrar acción frente a la crisis. No obstante, diversos colectivos han rechazado estas medidas por considerar que debilitan los mecanismos de búsqueda y reducen la participación de las familias.

Mientras sectores reclaman sentencias más amplias y procesos más veloces, otros exigen que el enfoque se amplíe hacia las estructuras de protección estatal que permitieron la operación del rancho por tanto tiempo.

Caso Rancho Izaguirre | Diez hombres fueron condenados a 141 años y 3 meses de prisión por desaparición y homicidio en Teuchitlán, Jalisco. El tribunal los halló culpables de secuestrar y asesinar a tres personas. Además, deberán pagar 1.3 millones de pesos por reparación del… pic.twitter.com/1ZgTRc2lm6

— OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) July 8, 2025

Impunidad o justicia 

Este veredicto representa una victoria parcial en un país donde la impunidad sigue siendo la norma en delitos de desaparición forzada. La condena de los diez hombres marca un precedente, pero no alcanza para cerrar el ciclo de violencia ni para ofrecer justicia plena a las víctimas.

Las autoridades tendrán que responder no solo por los culpables individuales, sino también por las redes institucionales que permitieron que un centro de horror operara durante años a plena vista. El caso Izaguirre pone al Estado frente a su espejo.