
La Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación formal contra el expresidente Enrique Peña Nieto por presuntos sobornos millonarios relacionados con la compra del software de espionaje Pegasus, adquirido durante su sexenio. La decisión, anunciada por el fiscal Alejandro Gertz Manero, se basa en nuevas pruebas documentales obtenidas a través de un litigio en Israel, que sugieren pagos ilegales destinados a beneficiar directamente al exmandatario.
Según la información obtenida por este medio, los documentos judiciales revelan una supuesta inversión de 25 millones de dólares realizada por empresarios israelíes con el objetivo de garantizar contratos de Pegasus con el gobierno mexicano. Este movimiento habría contado, según los testimonios, con la aprobación y participación del propio Peña Nieto.
La Fiscalía se prepara para enviar una solicitud de asistencia jurídica internacional al gobierno de Israel, en busca de documentación oficial, testimonios y evidencia financiera que sustente las acusaciones. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación advirtieron que la cooperación israelí ha sido históricamente limitada, como ya se evidenció en el caso de Tomás Zerón, exfuncionario mexicano implicado en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.
En este sentido, el Ministerio Público enfrenta un escenario complejo: si bien ahora cuenta con una base documental inicial, el acceso a pruebas clave depende de la voluntad diplomática de Israel. La fiscalía también deberá sortear posibles reclamos de soberanía y restricciones vinculadas a secretos industriales, dado que Pegasus es un producto regulado por el Estado israelí.
Por su parte, el expresidente Peña Nieto ha rechazado categóricamente los señalamientos. A través de sus redes sociales, calificó la información como "totalmente falsa" y afirmó no tener ningún vínculo con los empresarios que aparecen en el litigio israelí. "Lamento que se publiquen notas sin el mínimo rigor", escribió el 6 de julio, en un intento por desmontar la narrativa acusatoria antes del anuncio oficial de la Fiscalía.
Esta reacción ocurre en un clima de creciente tensión política y mediática, donde el nombre de Peña Nieto vuelve al centro del debate público. La opinión está dividida: mientras algunos consideran que se trata de una cortina de humo o una maniobra de distracción, otros sostienen que finalmente se estaría abriendo la puerta a un juicio histórico por espionaje y corrupción de Estado.
El programa espía Pegasus, desarrollado por la empresa NSO Group, fue utilizado en México desde el sexenio de Felipe Calderón, pero alcanzó su punto álgido bajo el mandato de Peña Nieto. Diversas organizaciones denunciaron el uso del software para espiar a periodistas, activistas y opositores, en un contexto de creciente criminalización de la disidencia.
A pesar de los cambios de gobierno, el uso de Pegasus ha continuado bajo administraciones posteriores, incluyendo la de Andrés Manuel López Obrador y, según denuncias recientes, también durante los primeros meses del mandato de Claudia Sheinbaum. Esto ha provocado que las organizaciones civiles exijan una auditoría integral del uso del malware y el fin de su implementación en tareas de inteligencia doméstica.
Colectivos como Artículo 19, R3D y SocialTIC han pedido que la investigación contra Peña Nieto sea llevada con independencia, transparencia y garantías procesales, para evitar que el caso derive en impunidad o en un uso político selectivo de la justicia. "No basta con abrir una carpeta de investigación: se necesita acceso a la verdad, sanciones y reformas estructurales", indicó un vocero de R3D.
Asimismo, debe analizarse a la luz del paquete de reformas en seguridad promovido por el gobierno actual, que podría ampliar las atribuciones de vigilancia del Estado sin controles suficientes.
Muy indignados en el gobierno de @Claudiashein porque Peña Nieto compró Pegasus…
— Jorge Triana (@JTrianaT) July 8, 2025
Pero @lopezobrador_ no solo mantuvo el espionaje: compró la versión más reciente de NSO Group y espió a más personas. pic.twitter.com/FwXYGfgJnB
La apertura formal de una investigación contra Enrique Peña Nieto por presuntos sobornos ligados a Pegasus representa un giro significativo en la narrativa del espionaje en México. No sólo pone bajo escrutinio la legalidad de los contratos con NSO Group, sino también la conducta presidencial y el uso de tecnología para fines políticos. Aunque todavía no hay imputaciones formales, el solo hecho de que la FGR reconozca pruebas suficientes para abrir una carpeta ya marca un precedente.
El desenlace dependerá en gran medida de la colaboración internacional y del tratamiento judicial que reciba el caso en México. Si la investigación se concreta, podría marcar el primer proceso penal contra un expresidente por espionaje en Latinoamérica, con implicaciones para la democracia, la justicia y la privacidad en la región.