
El pasado lunes 7 de julio, el Gobierno anunció la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Tras conocerse esta medida, oficializada a través de la Resolución 462/2025, las entidades que componen la Mesa de Enlace dieron a conocer su opinión.
Los directivos rurales destacaron la “incertidumbre y preocupación” que causó la decisión en relación al organismo técnico y reconocieron que esperan ser convocados por el Gobierno, para “analizar el esquema que se propone y evaluar sus implicancias”.
Más allá del comunicado conjunto -que debe armonizar cuatro ideas de ver al campo muy diferentes- algunas entidades comenzaron a profundizar su mirada sobre el impacto que esta medida tendrá en el futuro del INTA.
Es el caso de Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina (FAA), que como disparador explicó que hay un gran centralismo en este tipo de decisiones, y que en la gran mayoría de los cambios implementados, dejan funcionando organismos gobernados casi totalmente por representantes del Poder Ejecutivo.
En este punto, consideró que esto recorta el rol del sector privado y de las provincias a ámbitos consultivos sin poder real.
“Esto nos preocupa, porque atenta contra el federalismo y también contra la articulación público privada que en casos como el INTA han demostrado sobradamente su importancia”, sostuvo.
En el caso puntual del INTA, Sarnari sostuvo que “nos preocupa ver el alcance real que le dan al nuevo carácter de desconcentrado, así como también el rol que le asignarán al consejo consultivo, considerando que su voluntad queda casi desdibujada”.
Declaraciones de la presidente de FAA, Andrea Sarnari, sobre los cambios en INTA; INASE, CONASE, INAFCI, y otros organismos públicos pic.twitter.com/zkIdDuNEiX
— Federación Agraria Argentina (@fedeagraria) July 8, 2025
La presidente de FAA consideró que este panorama “abre muchos interrogantes y genera alarma, porque esto atentaría directamente sobre la gobernanza y la autarquía, al tiempo que deja en manos del gobierno de turno las decisiones y recorta la mirada de largo plazo, fundamental para un organismo como el INTA”.
Los federados no limitaron su mirada al INTA y la presidente de la entidad afirmó que “es un error disolver el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, así como también el Banco de Tierras y otras herramientas previstas en la ley 27118”.
Para sostener este argumento, explicó “se trata de instrumentos por los que hemos peleado, y el hecho de que otros gobiernos hayan hecho un mal o inadecuado uso de ellos, no implica que sus objetivos y finalidades no sean fundamentales para los productores de menor escala”.
En esta línea, remarcaron que “la disolución del Inase y del Conase nos generan alarma, en tanto no queda claro el impacto real que tendrán los cambios que pretenden implementar”.
Para Sarnari, “todas estas desarticulaciones nos afectan con más fuerza a los productores de menor escala, que somos quienes más necesitamos del apoyo y la protección del Estado”.
La directiva admitió que si bien se necesita modernizar o agilizar estructuras “vemos en los cambios propuestos que dejan abierta la puerta a que estos organismos queden al arbitrio del gobierno de turno”.