Organizaciones de personas con discapacidad se movilizan al Congreso

La Fundación de Desarrollo Humano Integral, la organización Argentina Humana Inclusiva, el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras entidades, convocaron a una jornada de protesta en la intersección de Avenida de Mayo y Entre Ríos (CABA), con réplicas en distintas ciudades del país. Señalan que la “profunda crisis” que afecta al sector es de alcance federal.

Desde la Fundación de Desarrollo Humano Integral advirtieron que “la discapacidad está en una crisis al borde del colapso”, no solo por la suspensión de asignaciones que muchas personas dejaron de percibir, sino también por el “vaciamiento” de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo responsable de garantizar sus derechos.

“En la ANDIS hubo 340 despidos y un retroceso al modelo médico, además de un recorte del 19% acumulado del presupuesto desde 2023. Las prestaciones están paralizadas, sin aumentos desde noviembre de 2024 y las obras sociales están desreguladas. Hay más de 500.000 personas afectadas y un millón auditadas sin garantías y sin nuevas pensiones”, señalaron desde la fundación.

A eso se suma -indicaron- el ajuste en los servicios de transporte y en los tratamientos vinculados a la salud mental. “La discapacidad no puede ser una variable de ajuste. Le pedimos a la sociedad toda que nos ayude a visibilizar esta emergencia”, remarcaron.

Por su parte, fuentes internas de la Agencia Nacional de Discapacidad que solicitaron reserva de identidad, aseguraron que el panorama dentro del organismo “será cada vez peor” y que, de hecho, uno de los pocos temas que figura en la agenda oficial “es el recorte de pensiones”, sin distinción del impacto que ello tenga ni del universo de personas afectadas.

Desde el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad denunciaron que el sistema de atención “atraviesa una situación de colapso total y absoluto” debido al “incumplimiento del Estado, la desfinanciación y la vulneración sistemática de derechos”, lo que afecta a más de 250.000 personas que reciben asistencia y a más de 150.000 trabajadores vinculados al sector.

“No podemos permitir este maltrato. No se trata de pedir privilegios, sino de garantizar derechos que ya están reconocidos por la ley”, enfatizó Eduardo Maidana, secretario de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIEPESA), una de las entidades que integra el Foro Permanente.