
Una nueva protesta tomó las calles de Ciudad de México el pasado 4 de julio: cientos de manifestantes, en su mayoría jóvenes, marcharon por colonias como Roma y Condesa para denunciar el impacto de la gentrificación en sus vidas cotidianas. Lo que comenzó como una movilización vecinal contra el aumento de los alquileres terminó en escenas de tensión, con vidrios rotos, pintadas agresivas y consignas abiertamente hostiles contra extranjeros, especialmente ciudadanos estadounidenses.
Los reclamos, inicialmente centrados en el costo de vida, derivaron rápidamente en acusaciones generalizadas contra los visitantes internacionales. Frases como “Kill a gringo” o “Gringo: deja de robarnos la casa” mostraron un tono violento que puso en riesgo la convivencia y deterioró la imagen del país como destino seguro.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) respondió con ironía, pero el mensaje fue mal recibido por las autoridades mexicanas. Sin embargo, el foco mediático recayó en la ambigua reacción del gobierno mexicano. En lugar de condenar firmemente los mensajes de odio, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó el tono estadounidense y respaldó los reclamos de fondo, evitando repudiar con claridad los excesos de la protesta.
El secretario de Gobernación, César Cravioto, reforzó esta postura al vincular la manifestación con la crisis habitacional. Pero para muchos observadores, esta explicación resulta insuficiente para justificar expresiones de odio.
El Frente Anti-Gentrificación CDMX plantea demandas relevantes sobre el acceso a la vivienda y la especulación inmobiliaria. Sin embargo, el discurso de algunos sectores del movimiento parece haber caído en la estigmatización de personas por su nacionalidad, lo que contradice los principios de inclusión que el propio gobierno dice promover.
A ello se suma la incoherencia del gobierno capitalino, que en 2022 firmó un convenio con Airbnb para impulsar el turismo digital, la misma práctica ahora criticada por los manifestantes.
"Gringos, stop stealing our homes."
— DW News (@dwnews) July 6, 2025
Tourists were shouted at and store windows smashed during a protest against gentrification in Mexico City, where an influx of Americans and other "digital nomads" is driving up rents and pushing out locals. pic.twitter.com/LKYlBviEV2
La ley que limita los alquileres temporales a 180 noches al año aún no entra en vigor. Mientras tanto, la especulación avanza sin regulación efectiva. En este contexto, resulta preocupante que autoridades minimicen expresiones de odio en lugar de desmarcarse claramente de ellas.
Desde el movimiento se insiste en que el problema es estructural y no étnico, pero los mensajes hostiles registrados en la marcha y replicados en redes sociales alimentan una narrativa excluyente que podría alejar inversiones y turismo. La lucha por una ciudad más justa no puede construirse sobre la base del señalamiento o la violencia simbólica.
“¡Go home, gringo!” 🗣️
— El Universal (@El_Universal_Mx) July 5, 2025
Este viernes, el Parque México fue sede de la Primera Protesta Anti-Gentrificación convocada por colectivos, organizaciones civiles y vecinos que, con pancartas en mano, exigieron el derecho a habitar la ciudad sin ser desplazados.
Fotos: Fernanda… pic.twitter.com/FKV35FAgNN
El gobierno de Sheinbaum enfrenta un dilema: defender causas populares sin alentar discursos peligrosos. Al respaldar protestas que incluyeron mensajes agresivos, pierde autoridad moral para exigir respeto a los migrantes mexicanos en otros países. Si bien la crisis habitacional es real, también lo es la necesidad de garantizar un debate sin xenofobia ni intolerancia.
El caso del 4 de julio deja una lección: el silencio o la ambigüedad frente a discursos de odio puede tener consecuencias internacionales y dañar la imagen del país.