El Gobierno movió primero en el caso YPF y apeló el fallo de la jueza Preska

En una jugada anticipada, el Gobierno argentino decidió no esperar y presentó formalmente la apelación contra el fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska en el juicio por la expropiación de YPF.

La medida busca frenar la ejecución de una sentencia que, de concretarse, obligaría al país a transferir el 51% de las acciones de la petrolera estatal a fondos buitre y afrontar una indemnización millonaria de 16.099 millones de dólares.

La apelación fue ingresada por el estudio estadounidense Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que representa a la Argentina, incluso antes de que Preska resolviera el pedido de “stay” (suspensión de ejecución) presentado días atrás por la misma defensa.

El objetivo de este movimiento es evitar que la ejecución avance mientras se revisa el caso en instancias superiores. El escrito legal toma como base las presentaciones realizadas por los demandantes Petersen/Eton y Bainbridge, e incluso incluye una cita clave del entonces ministro de Economía Axel Kicillof, cuya declaración ante el Congreso fue utilizada como argumento por los litigantes.

El conflicto escaló a fines de junio, cuando Preska firmó un fallo que ordenaba la entrega de la mayoría accionaria de YPF. Frente a esa resolución, el Gobierno de Javier Milei pidió suspender el cumplimiento de la medida por los enormes perjuicios que implicaría para el país, tanto económicos como institucionales.

En su presentación, los abogados también remarcaron que cualquier traspaso accionario de ese calibre debería contar con aval legislativo. Es decir, debería ser tratado por ambas cámaras del Congreso, una exigencia que complejiza aún más la situación judicial del país.

La estrategia del Gobierno es clara, buscan ganar tiempo y evitar un golpe financiero de alto impacto en medio de una frágil recuperación económica. La pelota queda ahora del lado de la justicia estadounidense.

FS