
La expansión de los mercados voluntarios de carbono ha abierto una nueva fase de conflicto en África. En Tanzania, proyectos impulsados por empresas internacionales avanzan sobre territorios históricos del pueblo Maasai, generando desposesión, incertidumbre y una profunda amenaza cultural. Las promesas de sostenibilidad se transforman en imposiciones contractuales de largo plazo que ponen en jaque modos de vida ancestrales.
Desde 2022, se han identificado múltiples iniciativas de compensación de emisiones en territorios pastoriles. Uno de los casos más alarmantes se ubica en Engaruka Chini, donde la comunidad Maasai denuncia que los contratos de carbono comprometen el uso de más de dos millones de hectáreas durante hasta 40 años, limitando prácticas tradicionales como el pastoreo estacional.
Los proyectos son promovidos por compañías extranjeras en alianza con actores estatales, con el argumento de capturar carbono mediante prácticas de regeneración del suelo. Sin embargo, la mayoría de los acuerdos se firmaron sin consulta previa ni consentimiento informado, violando normas internacionales sobre derechos de pueblos indígenas. Según testimonios recogidos por este medio, muchos líderes comunitarios ni siquiera comprendían el contenido legal de los documentos.
En el caso del programa financiado por Volkswagen, se evidenció un patrón de opacidad contractual, promesas incumplidas y pagos simbólicos por hectárea. A pesar de la presión mediática y las protestas locales, la automotriz alemana sostuvo inicialmente su participación. Recién en julio de 2025, tras una campaña internacional coordinada por las propias comunidades, Volkswagen fue forzada a reconsiderar su implicación en el proyecto.
Mientras los impulsores aseguran que estas medidas “benefician al clima”, no existe evidencia robusta de que los métodos utilizados logren secuestrar carbono en la escala prometida. En contraste, sí hay pruebas documentadas de desplazamientos, privatización de territorios comunales y pérdida de acceso al agua y la tierra, elementos esenciales para la sobrevivencia cultural y económica de los Maasai.
Informes independientes elaborados por Misereor, CIDSE y Survival International denuncian que estas prácticas representan una forma moderna de colonialismo verde. Según sus conclusiones, los programas replican lógicas históricas de despojo: se apropian del suelo en nombre de un bien mayor, mientras marginalizan sistemáticamente a quienes habitan esos territorios desde hace siglos.
Ante la magnitud de los abusos, organizaciones sociales y redes africanas han exigido una moratoria inmediata de cinco años para nuevos proyectos de carbono en territorios indígenas. Además, se demanda una auditoría independiente de los contratos ya firmados, la reparación integral a comunidades afectadas y un nuevo marco legal que garantice derechos colectivos sobre la tierra.
La reacción Maasai no se limita a lo legal. Han organizado asambleas, bloqueos y campañas internacionales. Desde Arusha hasta Bruselas, sus voceros reiteran que no están en contra de la acción climática, sino de ser convertidos en víctimas en nombre de ella. Su llamado es claro: “el clima no puede ser salvado destruyendo pueblos”.
La situación en Tanzania expone los límites de un enfoque climático dominado por mercados. Si bien los créditos de carbono ofrecen soluciones técnicas atractivas para empresas emisoras, la falta de supervisión y el desbalance de poder en su aplicación territorial abren la puerta a graves violaciones de derechos humanos. Lo que debería ser una herramienta contra el calentamiento global, se convierte así en motor de exclusión.
Con una alta probabilidad (80%) de que estos mecanismos se sigan extendiendo a otros territorios del Sur Global, resulta urgente repensar el modelo. La acción climática no puede avanzar sobre la base del despojo, sino mediante acuerdos justos, con protagonismo real de las comunidades que habitan y protegen los ecosistemas. De lo contrario, lo que se promete como solución se convierte en un nuevo problema.