15/07/2025 - Edición Nº889

Internacionales

Crisis reconocida

Haití ante la ONU: el reconocimiento que busca cambiar el futuro

11/07/2025 | El gobierno haitiano reconoció ante el Consejo de Seguridad de la ONU su responsabilidad por el colapso estatal y pidió respaldo urgente.



En una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad, el gobierno haitiano reconoció por primera vez su responsabilidad directa en la actual crisis humanitaria y de seguridad que azota al país. La declaración fue emitida por representantes diplomáticos del país caribeño, quienes admitieron fallas estructurales en el aparato estatal, desde la gobernabilidad hasta el sistema de justicia.

La postura oficial sorprendió por su franqueza: se asumió que la debilidad institucional del Estado facilitó el crecimiento de las pandillas, el colapso de servicios públicos y la parálisis del sistema judicial. Haití solicitó una acción coordinada internacional que no se limite a lo militar, sino que contemple inversiones sostenidas en salud, educación y reconstrucción estatal.

Control territorial de las pandillas

Desde 2022, el país ha experimentado una escalada violenta sin precedentes. Pandillas armadas controlan actualmente entre el 80 y el 90 % de Puerto Príncipe, lo que ha desplazado al Estado de funciones esenciales como la seguridad, la administración de justicia y la prestación de servicios básicos. En marzo de 2024, grupos armados atacaron el aeropuerto internacional, varias prisiones y hasta el Palacio Nacional.

Estos episodios, que derivaron en la liberación de miles de presos y el inicio de una ola de desplazamientos masivos, también obligaron a la renuncia del entonces primer ministro Ariel Henry. El vacío de poder agravó el escenario, y el actual Consejo Presidencial Transitorio no ha logrado revertir la situación.

Impacto humanitario devastador

A mediados de 2025, el número de desplazados internos superó el millón de personas, una cifra sin precedentes en la historia reciente del país. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU informó que muchos de estos desplazados se refugian en escuelas, iglesias y plazas, sin acceso a agua potable ni atención médica.

Los servicios de salud también han colapsado. En Puerto Príncipe, el 42 % de los centros médicos permanecen cerrados debido a la violencia o la falta de personal. En varias regiones del norte y occidente del país, se han identificado zonas en emergencia alimentaria aguda (fase 4), con riesgo inminente de hambruna.

Niñez en riesgo y violencia sexual

Las consecuencias sociales de la crisis son igualmente graves. La representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU alertó sobre el uso sistemático de la violencia sexual como arma de control, con casos documentados de abuso contra niños, mujeres y personas desplazadas. En 2024, la violencia sexual contra menores aumentó diez veces respecto al año anterior.

Según Unicef, más del 50 % de los niños en zonas urbanas controladas por pandillas han sido desplazados, y muchos están expuestos a reclutamientos forzados, trata y desapariciones. Las escuelas permanecen cerradas o funcionan de forma intermitente en campamentos improvisados.

Respuesta internacional incompleta

La comunidad internacional ha intentado actuar. En 2023, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 2699, que dio luz verde a una misión de seguridad liderada por Kenia. Sin embargo, la implementación ha sido lenta y plagada de obstáculos legales, incluyendo fallos judiciales en Nairobi que paralizaron el despliegue.

Aunque ya se han integrado contingentes de Guatemala, Belice y Jamaica, el dispositivo sigue lejos de estabilizar el país. Los expertos de Naciones Unidas alertan que la seguridad no se resolverá solo con presencia policial: requiere reconstruir el Estado desde su base.

Planes haitianos y exigencias

Frente a esta realidad, las autoridades haitianas pidieron a la ONU una estrategia más integral. Entre las propuestas figura una reforma profunda del sistema judicial, la depuración de las fuerzas de seguridad y una inversión coordinada en infraestructura, salud y educación. También solicitaron que se amplíe el monitoreo de derechos humanos.

El Consejo Presidencial Transitorio también ha impulsado una mesa de diálogo nacional para reestructurar las instituciones democráticas, pero los avances son lentos y sujetos a presiones internas y externas. Haití enfrenta, una vez más, el reto de rehacerse sin perder soberanía.

Un país sin salida 

La admisión de responsabilidad por parte del gobierno haitiano marca un punto de inflexión en su relación con la comunidad internacional. Si bien representa un gesto de humildad y voluntad de cambio, también deja al descubierto la magnitud del colapso estatal. Reconocer los errores no garantiza por sí mismo una solución.

Las próximas semanas serán clave para definir si la comunidad internacional está dispuesta a responder con la urgencia y profundidad requeridas. Haití no necesita una ocupación, sino una alianza para reconstruir su soberanía institucional, social y económica desde las ruinas.