Córdoba invertirá $1.500 millones para impulsar las Buenas Prácticas Agropecuarias

El Ministerio de Bioagroindustria de la Provincia de Córdoba, a través de la Dirección General de Fortalecimiento Productivo Regional, puso en marcha la novena edición del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs). El presupuesto en esta oportunidad será de $1.500 millones.

Se trata de una política pública que reconoce y acompaña a los productores que hacen las cosas bien “tranqueras adentro”, incorporando prácticas sostenibles en sus sistemas de producción.

Según informaron desde la cartera de Bioagroindustria,  ya se encuentra habilitada la carga de prácticas para el ciclo 2025. En esta edición, el programa suma tres nuevas prácticas a las 18 ya consolidadas, y pone a disposición más de 60 indicadores a través de una plataforma web renovada, más ágil, intuitiva y eficiente, diseñada para mejorar la experiencia de los usuarios.

#BPAs2025 | Se lanzó la 9° edición del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias

✅ Ya está habilitada la plataforma para cargar tus Buenas Prácticas Agropecuarias del ciclo 2025.

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— Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba (@MinAgriCba) July 7, 2025

Tres millones de hectáreas en 2024

“El Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias es una política pública que llegó para quedarse. Reconoce el compromiso de nuestros productores con un modelo de producción sostenible y pone en valor lo que se hace bien en el campo cordobés”, afirmó el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso. 

Y destacó: “Ya no se puede producir de cualquier manera. Cuidar los recursos es una necesidad e impacta en la eficiencia productiva”.

En 2024 el Programa Provincial de Buenas Prácticas Agropecuarias superó nuevamente los 3 millones de hectáreas alcanzadas, que abarcaron 11.775 unidades de manejo y 23.214 prácticas declaradas. Además, se dictaron 135 capacitaciones en las cuales participaron 13.200 personas.

Esta iniciativa es una política de Estado, que el Gobierno cordobés ya estableció a través de la Ley N° 10663 y apunta a entregar incentivos económico a productores que certifiquen la implementación de prácticas sustentables, alineadas con  los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).