
En plena discusión por la crisis previsional y el ajuste a los haberes, el Estado continúa destinando sumas millonarias para las jubilaciones de privilegio de expresidentes y vicepresidentes, un grupo reducido pero beneficiado con montos que superan por mucho a los jubilados comunes. En diciembre último, se gastaron $126,7 millones netos para 11 asignaciones vitalicias, equivalentes a 385 jubilaciones mínimas.
Uno de los casos más escandalosos es el de Adolfo Rodríguez Saá, ex presidente puntano que estuvo en el cargo apenas siete días en 2001 y cobró en diciembre un haber de $15,1 millones, una cifra desproporcionada que contrasta con la realidad de millones de jubilados que sobreviven con aumentos que apenas alcanzan el 29%.
El podio de los privilegios lo encabeza el ex presidente Mauricio Macri, con un haber de $15,7 millones, seguido por las ex primeras damas Zulema Yoma y Bety Andrés, y la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, todas con cifras que superan los $11 millones. Esta realidad desnuda una profunda inequidad en un sistema previsional que privilegia a pocos y castiga a la mayoría.
Entre mayo y diciembre de 2024, estas jubilaciones especiales aumentaron un 104% en términos reales, mientras que la mayoría de los jubilados vio cómo sus ingresos apenas subían un 29%, exponiendo aún más la injusticia y el desfase del sistema.
Aunque el grupo de beneficiarios se redujo tras la exclusión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex vicepresidente Amado Boudou, condenados por la justicia, el sistema sigue vigente y lejos de un rediseño profundo. Fernández de Kirchner, por ejemplo, percibía un haber de $21,8 millones, un símbolo de privilegio difícil de justificar.
Mientras la Cámara de Diputados rechazó eliminar estas jubilaciones de privilegio para futuros mandatarios, el presidente Javier Milei anunció que renunciará a este beneficio. Sin embargo, la cuestión de fondo sigue sin resolverse: un sistema que mantiene privilegios escandalosos en tiempos de ajuste para la mayoría.