
La guerra en Sudán ha desatado una de las crisis migratorias más graves del continente africano. Egipto se ha convertido en el principal destino de los sudaneses que huyen del conflicto, con más de un millón de personas cruzando la frontera desde abril de 2023. Las cifras crecen sin cesar, mientras los recursos del Estado y de las agencias humanitarias se ven al límite.
Desde El Cairo, este medio ha podido confirmar que la situación se agrava con la falta de registro formal, ya que solo entre 600.000 y 700.000 refugiados figuran en los sistemas del ACNUR. El resto permanece en la sombra, sin acceso regular a salud, educación ni empleo, y expuestos a la explotación o la violencia.
La presión migratoria ha puesto en jaque la infraestructura egipcia. La mayoría de los desplazados sudaneses se concentra en zonas populares de ciudades como El Cairo y Asuán, donde el hacinamiento y la falta de servicios públicos se han agravado. El gobierno egipcio ha endurecido sus políticas migratorias, imponiendo restricciones a la residencia y elevadas tasas de trámites.
A lo largo de 2024 se documentaron redadas y detenciones masivas de refugiados, según pudo verificar este medio a partir de reportes de familiares y organismos civiles. Las deportaciones sin debido proceso se han vuelto frecuentes, y Amnistía Internacional denunció más de 3.000 casos en septiembre pasado.
El recorte de fondos internacionales ha afectado gravemente a las organizaciones humanitarias. ACNUR confirmó que su financiamiento para Egipto ha sido reducido en un 75 %, obligando a cerrar programas esenciales como la atención sanitaria, la protección infantil y el acceso a agua potable.
Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos advirtió que la ayuda alimentaria podría cesar completamente en los próximos dos meses, afectando a más de cuatro millones de desplazados en la región. Esta situación podría agravar la ya crítica seguridad alimentaria de las comunidades refugiadas.
Ante la precariedad de la vida en Egipto, miles de sudaneses han optado por caminos extremos. La Organización Internacional para las Migraciones estima que más de 165.000 personas han regresado a Sudán en lo que va del año, a pesar del alto riesgo de volver a zonas en guerra o sin servicios básicos.
En paralelo, se ha registrado un incremento de más del 130 % en los intentos de llegar a Europa por vía de Libia. Las condiciones de peligro en estas travesías, sumadas al aumento de redes de tráfico de personas, plantean una crisis de derechos humanos que se extiende más allá de Egipto.
La emergencia humanitaria también ha facilitado la reproducción de prácticas nocivas. Este medio pudo confirmar, a través de testimonios directos, que la mutilación genital femenina ha cruzado la frontera con las comunidades desplazadas. Madres refugiadas en barrios de El Cairo confesaron haber recurrido a esta práctica en condiciones clandestinas.
Diversas ONG han alertado que la falta de control institucional, el miedo a ser deportadas y la reproducción de estructuras patriarcales sin contención han permitido que estas violencias persistan. La crisis humanitaria no solo es material: también afecta derechos fundamentales.
👥 En menos de tres meses, Atham, un pueblo sursudanés, ha pasado de tener 1.000 a 24.000 habitantes.
— Revista 5W (@revista5W) July 10, 2025
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La situación de los refugiados sudaneses en Egipto pone en evidencia un desequilibrio estructural: un país receptor con recursos limitados, un sistema internacional en repliegue y una guerra que no cesa. La precariedad no es una consecuencia involuntaria, sino una condición estructural de los desplazados.
Si no se reactiva el financiamiento humanitario ni se revalúa la respuesta diplomática internacional, Egipto podría transformarse en un punto de ruptura para todo el norte de África. La región necesita acciones urgentes, coordinadas y sostenibles, más allá del enfoque securitario que predomina hoy.