Claudia Sheinbaum y la legislatura exprés: implicancias para México

En apenas diez días, del 23 de junio al 2 de julio, el Congreso mexicano aprobó 16 reformas sustanciales que van desde seguridad pública hasta la desaparición de organismos reguladores. El procedimiento, catalogado de fast track por la oposición, reaviva el debate sobre la legitimidad de un Poder Legislativo que parece sellar decisiones del Ejecutivo más que deliberarlas. El maratón parlamentario evidencia la fuerza numérica de Morena y la urgencia política de la presidenta Claudia Sheinbaum para mostrar resultados al inicio de su mandato.

El torbellino legislativo coincide con la próxima “democratización” de la Suprema Corte, cuyos nuevos ministros asumirán el 1 de septiembre tras ser electos en urnas. Observadores temen que la normalización de la vía rápida debilite los contrapesos, justo cuando la Corte -tradicional guardiana del debido proceso legislativo- cambiará su forma de legitimarse. La pregunta de fondo es si, en adelante, se sabrá distinguir entre eficiencia y atropello institucional.

Velocidad sin deliberación

Las sesiones del periodo extraordinario se sucedieron sin respiro: cinco días continuos en el Senado, otros cinco en Diputados y votaciones que promediaron dos reformas cada 24 horas. Los dictámenes, muchos de ellos circulados el mismo día, apenas admitieron modificaciones de fondo. Según registros parlamentarios, la discusión de la nueva Ley de Telecomunicaciones duró once minutos antes de ser aprobada en lo general y en lo particular.

Legisladores de oposición denunciaron que el procedimiento vulneró los principios de publicidad y deliberación previstos en la Constitución. Normalmente, un dictamen tarda cerca de veinte días en pasar de comisión a pleno durante un periodo ordinario. Esta vez, la Comisión Permanente habilitó un carril exclusivo cuyo ritmo, más que excepcional, promete convertirse en nueva norma cuando la mayoría calificada lo permita.

Los temas cruciales

Entre las reformas más polémicas destaca la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, organismo que sustituye al IFT y que podrá bloquear plataformas y acceder a metadatos de usuarios. La iniciativa, impulsada por la propia Presidencia, ha sido señalada por organizaciones civiles como una puerta abierta al espionaje y a la censura digital, pese a las garantías formales sobre derechos humanos incorporadas de última hora.

Otra pieza clave es la reforma antilavado, que endurece penas y amplía la supervisión financiera. Bancos y cámaras empresariales advierten de excesiva discrecionalidad para la Unidad de Inteligencia Financiera. No menos controvertida resultó la desaparición de la Cofece, reemplazada por una Comisión Nacional Antimonopolio adscrita a Economía, lo que para analistas supone un riesgo de captura política de las políticas de competencia.

El peso de la historia

No es la primera vez que México vive una carrera legislativa de alto kilometraje. En diciembre de 2022, el llamado Plan B electoral se aprobó en horas y fue invalidado por la Suprema Corte en 2024 por vicios de forma. En abril de 2023, el “Viernes Negro” sumó veinte reformas en sesión maratónica. PRI y PAN usaron tácticas similares en décadas anteriores, pero nunca con el alcance de una mayoría qualificada que hoy ostenta Morena.

La repetición del método crea un precedente inquietante: cada gobierno, al alcanzar hegemonía parlamentaria, recurre a la vía rápida para reescribir las reglas. La diferencia actual radica en la amplitud del paquete -seguridad, telecomunicaciones, competencia- y en la cercanía temporal con la instalación de una Corte electa, escenario que podría redefinir la interacción entre mayoría legislativa y control judicial.

La Corte que viene

Con nueve ministros electos por voto popular, la nueva Suprema Corte promete legitimidad democrática inédita, pero también incertidumbre sobre su independencia. Algunos futuros integrantes han sugerido “ajustar” la carga de trabajo constitucional, lo que podría traducirse en menos sentencias de invalidez por procedimiento. Si la Corte se muestra más deferente con el Congreso, la frontera entre rapidez y abuso quedaría difuminada.

En contraste, sectores académicos y organizaciones de la sociedad civil presionan para que el máximo tribunal mantenga su rigor al fiscalizar leyes hechas al vapor. De ello dependerá si la reciente avalancha legislativa se consolida o enfrenta el mismo destino que el Plan B. El experimento arranca en septiembre, y la primera prueba de fuego serán precisamente las 16 reformas aprobadas a contrarreloj.

Constitución de México. 

Avanzada en las sombras 

La aprobación en bloque de cambios que afectan áreas tan sensibles como seguridad, vigilancia digital y competencia revela una estrategia clara del Ejecutivo: concentrar facultades antes de que surjan contrapesos efectivos. La probabilidad de que la nueva Corte invalide al menos una de las reformas por vicios de procedimiento puede estimarse en 40%, inferior a ciclos anteriores debido a la legitimidad electoral de los próximos ministros.

Sin embargo, si el tribunal avala la vía rápida, se consolidará un modelo de gobernanza donde la eficiencia parlamentaria prima sobre el debate público. Ello elevaría el riesgo -probabilidad 60%- de que futuras administraciones, de cualquier signo, normalicen el fast track como forma ordinaria de legislar, con consecuencias imprevisibles para la calidad democrática.