
En un giro que combina legalidad dudosa y consecuencias humanas profundas, la redacción de este medio confirmó que la administración de Donald Trump impulsa un plan para revocar la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados. La medida, parte de un paquete más amplio de restricciones migratorias, podría dejar en situación de apatridia a miles de niños, especialmente si los países de origen de los padres tampoco reconocen la nacionalidad por descendencia.
La decisión, ya impugnada por varias cortes federales, ha sido interpretada por expertos legales como una violación directa de la 14.ª Enmienda de la Constitución. No obstante, fuentes de este medio indicaron que el equipo jurídico de Trump trabaja activamente en estrategias para sortear esos bloqueos judiciales, incluyendo la declaración de una "emergencia nacional migratoria".
La preocupación humanitaria es doble. Por un lado, niños nacidos en suelo estadounidense podrían convertirse en personas apátridas si se les niega la ciudadanía y sus países de origen no los reconocen. Por otro lado, el nuevo enfoque migratorio endurecido podría significar su deportación inmediata a países donde nunca han vivido, sin documentación legal.
Según constató esta redacción, organizaciones como ACNUR y el Servicio Jesuita a Migrantes alertaron que al menos 218.000 personas en EE.UU. podrían estar en riesgo de apatridia o ya lo están, muchas de ellas sin conocimiento de su condición legal. Estos casos se concentran en comunidades haitianas, palestinas, kurdas y rohinyás.
Un ejemplo paradigmático revelado recientemente por este medio es el de un exsoldado estadounidense deportado a Jamaica, pese a haber nacido en una base militar en Alemania y no tener nacionalidad registrada en ningún país. El hombre fue considerado "deportable" por ICE tras perder su estatus especial, sin que mediara evaluación de su condición apátrida.
Este caso no es aislado. Reportes obtenidos por nuestra unidad de investigación indican que al menos 12 personas en situación similar han sido deportadas desde 2020, en procedimientos administrativos cerrados y sin acceso a defensa legal efectiva.
Las nuevas directrices violarían compromisos adquiridos por EE.UU. bajo tratados como la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, según confirmaron especialistas en derecho internacional consultados por este medio. Aunque Estados Unidos no ha ratificado todos los instrumentos, sí está obligado por normas del derecho consuetudinario a prevenir que sus políticas generen apatridia masiva.
En paralelo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado preocupación por las intenciones de la administración republicana. En un comunicado al que accedió esta redacción, la CIDH señaló que "la negación de ciudadanía a niños por motivos migratorios constituye una forma de discriminación racial indirecta".
🇺🇸 "Sin migrantes, EEUU está destinado a desaparecer"
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 10, 2025
Las protestas masivas ocurridas en los últimos días en Los Ángeles —una de las ciudades con mayor población de origen latinoamericano— demuestran que las políticas migratorias de Donald Trump no han rendido los resultados… pic.twitter.com/g29xNaVYN5
Si bien el marco legal estadounidense cuenta con salvaguardias constitucionales robustas, la reactivación de propuestas como la revocación del ius soli bajo Trump representa un test crítico para el Estado de derecho. Más aún cuando las consecuencias de esa política exceden lo administrativo: se trata de niños, familias y comunidades enteras expuestas a la desaparición legal de su existencia.
Todo indica que la próxima campaña presidencial y sus litigios asociados serán también una batalla por los límites de la nacionalidad y la dignidad humana. La apatridia, una condición que muchas veces pasa desapercibida, se ha convertido hoy en el símbolo más crudo del retroceso en derechos migratorios en Estados Unidos.