
Con el Congreso avanzando en proyectos que el oficialismo considera fiscalmente inviables, el presidente Javier Milei analiza una respuesta en tres frentes: recurrir al veto presidencial, plantear objeciones legales ante la Justicia o negociar con gobernadores para recuperar margen de maniobra.
El primer paso será el veto total a la ley, una herramienta que el Ejecutivo ya utilizó en 2024 frente a una situación similar. El desafío esta vez será impedir que la oposición reúna los dos tercios de los votos en ambas cámaras para insistir con la norma. Para eso, el Gobierno apuesta a alianzas puntuales o a la ausencia de legisladores en la votación.
En paralelo, se evalúa la posibilidad de judicializar el proceso. Según trascendió, el oficialismo argumentaría supuestas irregularidades en el trámite parlamentario como estrategia para ganar tiempo. No obstante, varios constitucionalistas advierten que una ley aprobada con mayoría reglamentaria no puede ser anulada por el Poder Judicial, salvo que haya vicios graves de procedimiento.
El tercer frente es político. Luego de semanas de enfrentamiento con los mandatarios provinciales, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, bajó el tono y abrió la puerta al diálogo. “Siempre hay margen para conversar”, señaló, al tiempo que desde Casa Rosada diferenciaron a los gobernadores “más razonables” de los que “operan políticamente” contra el Gobierno.
Las leyes votadas en el Congreso no solo modifican la fórmula de movilidad jubilatoria, sino que también reabren una moratoria previsional y declaran la emergencia en discapacidad. El oficialismo sostiene que esos cambios afectan directamente al equilibrio fiscal y que no pueden aplicarse sin aumentar impuestos o volver a emitir.
Mientras tanto, el desenlace de esta disputa marcará un punto clave en la dinámica institucional. Con un Congreso activo y dispuesto a avanzar sin el oficialismo, el Gobierno necesita reordenar su estrategia legislativa para no quedar aislado. La falta de mayoría propia y el quiebre del bloque dialoguista complican ese objetivo.
Desde la oposición, en tanto, aseguran que no hay voluntad de bloqueo sistemático, pero sí de frenar “el ajuste brutal” impulsado por el Ejecutivo. La tensión, lejos de disiparse, marca el tono de una etapa política signada por la disputa de poder y la fragilidad de los acuerdos.