
Un grupo de diputados nacionales del PRO y La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley que propone prohibir el financiamiento estatal de tratamientos hormonales y quirúrgicos relacionados con el cambio de género, modificando de manera directa el alcance de la actual Ley de Identidad de Género (N.º 26.743).
La iniciativa, impulsada por Gerardo Milman (PRO) junto a Lilia Lemoine y Carlos Zapata (LLA), plantea que el Estado nacional y cualquier entidad financiada con fondos públicos, incluidas las obras sociales y el Plan Médico Obligatorio (PMO), no deberán cubrir ni promover tratamientos vinculados a la identidad de género autopercibida.
“El Estado no debe financiar, promover ni imponer la identidad de género en las personas”, argumentaron los autores, quienes apuntan a quitar la posibilidad actual de que mayores de 18 años accedan a estos tratamientos a través del sistema público o con cobertura estatal.
El texto establece también que organismos estatales, empresas públicas o con participación estatal y entidades descentralizadas deberán abstenerse de difundir o respaldar políticas que impliquen lo que los diputados llaman “construcciones ideológicas sobre el género o la sexualidad”.
Si bien los impulsores del proyecto aseguran que no cuestionan la libertad individual, afirman que esa elección debe realizarse sin imponer “cargas fiscales” al resto de los ciudadanos. En ese sentido, sostienen que la normativa actual “obliga al Estado a financiar decisiones personales que no tienen consenso social ni científico suficiente”.
Además, el proyecto menciona que en el caso de menores de edad que deseen iniciar un cambio de género, no podrá haber intervención estatal sin el consentimiento expreso de los padres, y deberá contemplarse la opinión profesional médica y psicológica.
La propuesta ya genera polémica en sectores políticos y sociales, ya que reabre el debate sobre el rol del Estado en el reconocimiento y garantía de derechos vinculados a la identidad de género.
FS