El desafío de México ante las armas de Estados Unidos: ¿se resolverá?

El tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México se ha convertido en un fenómeno estructural, sistemáticamente ignorado por Washington. Cada año, cerca de 200.000 armas cruzan la frontera sur, una cifra alarmante que no ha logrado activar políticas de contención por parte del país de origen. Las armas, en su mayoría compradas legalmente en estados como Texas, Arizona y California, terminan en manos de organizaciones criminales mexicanas, intensificando la violencia en regiones ya golpeadas por el narcotráfico.

Pese a que las autoridades estadounidenses tienen claro el recorrido de estas armas y los canales por los que se filtran, la respuesta ha sido mínima y superficial. México ha solicitado reiteradamente mayor control y cooperación, pero ha encontrado oídos sordos y promesas vacías. La asimetría del poder bilateral impone límites a lo que México puede exigir, mientras las consecuencias del desinterés estadounidense se pagan en sangre al sur del río Bravo.

Rutas trazadas, respuestas ausentes

Diversas investigaciones de seguridad han confirmado que al menos el 74 % de las armas incautadas en México tienen origen estadounidense, con un núcleo operativo en ferias de armas y armerías legales ubicadas en la frontera. Pese a esta trazabilidad clara, el gobierno federal de EE.UU. ha priorizado otros temas, como la lucha contra el fentanilo o el control migratorio, relegando el tráfico de armas a un plano secundario.

La falta de voluntad política es aún más evidente tras la eliminación o reducción de presupuesto a oficinas clave como la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Este debilitamiento institucional ha tenido consecuencias directas: menos inspecciones, menor seguimiento de ventas sospechosas y una proliferación de armas semiautomáticas en manos del crimen organizado.

Demandas sin eco judicial

En un intento por responsabilizar a los fabricantes, el Gobierno de México presentó en 2021 una demanda por 10 000 millones de dólares contra empresas armeras estadounidenses. El reclamo sostenía que las compañías sabían que sus productos acabarían en manos de delincuentes, pero la Corte Suprema de EE.UU. desestimó el caso, invocando protecciones legales de la industria.

La decisión dejó un mensaje contundente: la legislación estadounidense protege a los fabricantes, no a las víctimas trasnacionales de sus productos. Para expertos en derecho internacional, el intento jurídico tuvo un valor simbólico, pero nulo efecto práctico. Washington, en última instancia, se escuda en su soberanía para evadir responsabilidades compartidas.

Proyectos fallidos y desconfianza

Los antecedentes de cooperación tampoco inspiran confianza. Uno de los episodios más polémicos fue la operación “Rápido y Furioso”, parte del proyecto Gunrunner, que permitió deliberadamente el ingreso de armas a México para rastrear su ruta. El resultado fue catastrófico: se perdieron cientos de armas en el camino, muchas de las cuales acabaron en escenas del crimen.

A pesar del fracaso, Estados Unidos ha continuado promoviendo herramientas tecnológicas como el sistema eTrace, diseñado para rastrear armas recuperadas. No obstante, la utilidad de este tipo de colaboración es limitada cuando no existe voluntad política para cortar el problema desde la raíz: la venta indiscriminada de armas dentro del propio territorio estadounidense.

El peso de la hipocresía

Mientras en Estados Unidos se producen tiroteos masivos que reactivan por momentos el debate sobre el control de armas, México lidia cotidianamente con su consecuencia más cruda: el empoderamiento letal de los cárteles. A diferencia de otras regiones, donde la violencia se gesta internamente, en México el poder de fuego del crimen proviene del norte.

Periodistas especializados como Ioan Grillo lo han dicho sin rodeos: “Si ni siquiera cambian sus leyes después de matanzas escolares, ¿qué les va a importar México?”. La frase resume la frustración compartida por funcionarios, activistas y ciudadanos mexicanos que, frente al flujo imparable de armas, ven cada día multiplicarse los muertos.

Cientos de tropas militares se unieron a la guardia nacional de México en patrulla tras los ataques de grupos criminales en Tijuana, el 13 de agosto de 2022. © 2022 Sipa USA via AP

Problemas y vertientes 

La pasividad de Estados Unidos frente al tráfico de armas no es un simple descuido diplomático: es una decisión política con consecuencias regionales. México, en su intento por combatir la violencia, tropieza con un obstáculo que no puede remover por sí solo. La negativa estadounidense a asumir corresponsabilidad deja claro que, mientras las armas no crucen hacia el norte, el problema seguirá siendo invisible para ellos.

Aunque existen iniciativas multilaterales y espacios de cooperación, el desequilibrio estructural persiste. Si Washington no redefine sus prioridades y regula su industria armamentista, México seguirá combatiendo una guerra con armas ajenas, pero consecuencias propias.