América Latina registra la mayor disminución del hambre en el mundo

En un giro esperanzador para una región históricamente marcada por desigualdades, América Latina y el Caribe han registrado la mayor disminución del hambre en el mundo entre 2021 y 2023, superando incluso a bloques más desarrollados. Según datos recientes, la proporción de personas subalimentadas cayó del 7 % al 6,2 %, lo que representa a más de 4,3 millones de personas que dejaron de pasar hambre. Este logro no solo refleja una tendencia positiva sino que posiciona a la región como referente en estrategias alimentarias.

La reducción de la inseguridad alimentaria se explica en gran parte por un conjunto amplio y coordinado de medidas sociales. Más de 460 programas de protección fueron implementados durante y después de la pandemia, entre ellos transferencias monetarias, distribución directa de alimentos y apoyo a poblaciones vulnerables. Estas políticas alcanzaron al 60 % de la población regional y sentaron las bases de una recuperación que hoy comienza a consolidarse.

Medidas escolares y agricultura familiar

Un pilar fundamental de este proceso fue el fortalecimiento de los programas de alimentación escolar, que en la actualidad benefician a más de 80 millones de estudiantes en la región. Estos programas no solo garantizan comida diaria a millones de niños, sino que también conectan a más de 9.000 productores familiares con 23.000 escuelas, estimulando economías locales y fortaleciendo la soberanía alimentaria.

Este modelo, impulsado por la FAO y Brasil a través de la Red de Alimentación Escolar Sostenible (RAES), representa una de las políticas públicas más exitosas de la última década. La compra pública directa ha demostrado ser una vía eficaz para garantizar el acceso regular a alimentos nutritivos y para sostener empleos rurales en comunidades históricamente postergadas.

Coordinación regional y marco político

El salto institucional también tiene raíces políticas. En la VIII Cumbre de la CELAC, realizada en marzo de 2024, los 33 países miembros aprobaron por primera vez un plan regional unificado de seguridad alimentaria, que integra metas comunes, cooperación técnica y mecanismos de seguimiento. Esta decisión fue replicada y ampliada durante la Conferencia Regional de la FAO, donde se consolidó la Iniciativa “América Latina y el Caribe sin Hambre 2025”.

La iniciativa se enfoca en cinco ejes: fortalecimiento institucional, sistemas de producción local, protección social, educación alimentaria y monitoreo. Su aplicación ha sido acompañada por una fuerte voluntad política regional, lo que ha permitido coordinar acciones con rapidez y adaptabilidad ante contextos cambiantes, como el climático o el económico.

Inversión pública y banca de desarrollo

La movilización de recursos también ha sido determinante. En marzo de 2025, el banco CAF anunció una inversión de 8.500 millones de dólares para el sector agropecuario, bajo el programa Prosperidad Agropecuaria. A esto se sumaron 1.445 millones para infraestructura rural y sistemas de riego en países como Paraguay, Ecuador, Bolivia y Perú, buscando aumentar la resiliencia productiva ante eventos extremos.

Estas inversiones no solo apuntan a mitigar el hambre sino a consolidar sistemas alimentarios sostenibles. De forma paralela, programas como “Mano de la Mano”, impulsados por la FAO, están permitiendo articular inversión privada y estatal en zonas de alta pobreza rural, con resultados prometedores en productividad y acceso.

Desigualdades persistentes y nuevos retos

A pesar de los avances, el hambre no ha sido erradicado. El Caribe continúa siendo la subregión con mayores niveles de subalimentación, y las mujeres y poblaciones rurales siguen enfrentando tasas elevadas de inseguridad alimentaria. Además, el cambio climático amenaza con revertir parte del progreso logrado, afectando cosechas, acceso al agua y estabilidad de precios.

A esto se suman problemas de malnutrición, con tasas crecientes de obesidad infantil en contextos urbanos y una brecha nutricional profunda entre zonas ricas y pobres. La transformación estructural de los sistemas alimentarios exige reformas fiscales, mejor acceso a tecnología y regulación más firme sobre la comercialización de alimentos ultraprocesados.

Referente global en políticas públicas

En el plano internacional, la experiencia latinoamericana ha comenzado a ser replicada. La Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, impulsada por el G20 bajo presidencia de Brasil, ha integrado los modelos de compra pública y articulación multisectorial desarrollados en la región. El enfoque de soberanía alimentaria y desarrollo local empieza a imponerse frente a lógicas puramente asistenciales.

Esto representa un giro de paradigma: no se trata solo de distribuir alimentos, sino de construir sistemas donde la producción, distribución y consumo estén en manos de comunidades resilientes. América Latina hoy ofrece un modelo alternativo de desarrollo que vincula justicia social, sostenibilidad y derecho a la alimentación.

Por primera vez desde que se tiene registro, América Latina está por debajo del promedio mundial de inseguridad alimentaria. 🔗👇 https://t.co/5V136lTsrq

— El Espectador (@elespectador) July 15, 2025

Un curioso avance 

El retroceso del hambre en América Latina no es producto del azar ni de un rebote económico postpandemia, sino resultado de una arquitectura de políticas públicas consistente, inclusiva y con fuerte anclaje territorial. Las experiencias de países como Brasil, Colombia o México muestran que es posible reducir el hambre sin sacrificar crecimiento ni sostenibilidad.

Sin embargo, el avance es frágil. Sin financiamiento estable, liderazgo político constante y monitoreo técnico riguroso, los logros pueden diluirse en la próxima crisis. La oportunidad de consolidar a la región como líder mundial en seguridad alimentaria está sobre la mesa. La voluntad para sostenerla será, ahora, la clave.