
En plena efervescencia electoral, el debate sobre la ética informativa ha resurgido con fuerza en Colombia. La irrupción de los influencers como actores centrales en la conversación pública ha desdibujado las fronteras entre opinión, información y propaganda. Ante este nuevo panorama, surgen preguntas urgentes sobre las responsabilidades éticas de quienes influyen masivamente en la opinión ciudadana sin estar sujetos a los controles tradicionales del periodismo.
El detonante reciente vino de Gustavo Bolívar, precandidato presidencial, quien propuso un pacto ético en redes sociales. Su idea plantea que los influencers que difundan contenido político deberían estar obligados a marcarlo claramente como "Publicidad Política Pagada (PPP)", de la misma manera que los medios de comunicación formales lo hacen por ley. La propuesta ha abierto un campo de discusión que trasciende la campaña electoral y toca el corazón mismo de la credibilidad pública.
Una de las preocupaciones más serias es la disolución de los límites entre contenido editorial y propaganda. Influencers con millones de seguidores publican mensajes patrocinados que parecen opiniones espontáneas, sin revelar que han sido pagados por campañas políticas. Esta práctica distorsiona el proceso democrático, ya que el ciudadano no puede distinguir con claridad qué es información genuina y qué es un mensaje dirigido con fines propagandísticos.
Además, esta falta de transparencia se agrava cuando se manipulan datos o se sacan frases de contexto para crear contenidos emocionalmente potentes pero informativamente débiles. En este entorno, las redes sociales se convierten en un terreno fértil para la desinformación, aprovechando la virulencia algorítmica que premia el impacto por encima de la veracidad.
Aunque se reconoce que las redes sociales han democratizado la voz pública, también es evidente que no todos los actores tienen el mismo peso ni la misma responsabilidad. Un ciudadano común opinando en redes no tiene el mismo impacto que un periodista con credibilidad o un influencer con millones de vistas. Por eso, la discusión ética debe enfocarse en quienes ejercen un poder informativo estructural, sean periodistas tradicionales o creadores de contenido digital.
Es crucial establecer un marco de autorregulación y transparencia que permita al público conocer cuándo está frente a una pieza informativa, una opinión personal o una pauta pagada. Esa diferenciación es vital para mantener la confianza en los procesos democráticos y garantizar una participación ciudadana informada.
El auge de las herramientas de inteligencia artificial ha añadido otra capa de complejidad. Ya no se trata solo de influencers humanos; ahora existen redes de desinformación que utilizan videos deepfake, audios simulados y textos automatizados para difundir falsedades con apariencia de veracidad. Lo más peligroso es que muchos de estos contenidos incluyen fragmentos reales, lo que los hace más difíciles de desmentir.
Este tipo de manipulación sofisticada plantea un desafío mayúsculo a los medios, a los reguladores y a los ciudadanos. Combatirla requiere no solo tecnología y verificación, sino también educación crítica para reconocer los sesgos, entender las fuentes y resistir la tentación del contenido fácil pero falaz.
En este contexto, el periodismo enfrenta una de sus pruebas más difíciles. Su rol ya no es solo informar, sino también restaurar el criterio público, distinguiéndose del ruido que circula en redes. Esto exige redoblar esfuerzos en verificación, contextualización y, sobre todo, en explicar por qué ciertas decisiones editoriales se toman y con qué límites.
Los medios que aspiran a mantener su relevancia deben reforzar su ética interna, evitar la tentación de mimetizarse con los códigos del influencerismo y apostar por un periodismo que no solo diga la verdad, sino que además explique cómo la construye. De lo contrario, perderán su rol como contrapeso y quedarán arrastrados por la lógica de la viralidad.
#TribunaRCN | “Yo lo que digo [a los influencers]: cuando usted esté hablando bien de un candidato, ponga un numeral abajo para que la gente sepa que a usted le pagaron por decir eso, y no denigre cobrando por hablar mal de los candidatos”, afirmó Gustavo Bolívar, escritor,… pic.twitter.com/G1c7GYnrTc
— La FM (@lafm) July 11, 2025
Colombia está frente a una coyuntura en la que la transparencia y la responsabilidad informativa son más necesarias que nunca. Las fronteras entre quién informa, quién opina y quién pauta se han desdibujado. Ignorar esa realidad sería irresponsable. No se trata de censurar voces ni restringir debates, sino de establecer mínimos éticos que permitan al público navegar un ecosistema cada vez más turbio.
A medida que se acercan las elecciones, urge impulsar un acuerdo amplio —formal o no— que convoque a periodistas, medios, influencers y ciudadanía. Solo así se podrá defender un espacio público informado, diverso y genuinamente democrático.