Claudia Sheinbaum demanda por difamación al abogado de Ovidio Guzmán

Claudia Sheinbaum anunció este lunes que presentará una demanda por difamación contra Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán, tras ser acusada de tener nexos con el narcotráfico. La presidenta consideró las declaraciones como "inaceptables" y reafirmó que no puede normalizarse que representantes legales de criminales pretendan ensuciar la imagen del Estado mexicano desde tribunales extranjeros.

En conferencia matutina, Sheinbaum declaró: "No voy a establecer diálogo con un abogado de narcotraficante. Vamos a presentar una demanda por difamación en México, porque no se puede dejar pasar". Según detalló, la Consejería Jurídica de la Presidencia será la instancia encargada de avanzar con el proceso legal.

Acusaciones desde EE.UU.

Lichtman, reconocido defensor de capos como Joaquín "El Chapo" Guzmán, afirmó la semana pasada que el gobierno mexicano actúa como "brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante". También calificó de "corrupto" al sistema judicial mexicano, citando el caso de Salvador Cienfuegos como evidencia de contubernio entre el poder político y el crimen organizado.

Estas afirmaciones surgieron durante la audiencia en la que Ovidio Guzmán, conocido como "El Ratón", se declaró culpable en una corte federal de Chicago por cargos relacionados con el tráfico internacional de drogas. El abogado intentó justificar la decisión de su cliente exponiendo supuestas hipocresías del gobierno mexicano, lo que provocó una reacción inmediata desde Palacio Nacional.

Respuesta institucional firme

Sheinbaum señaló que las declaraciones de Lichtman no solo buscan desacreditarla personalmente, sino erosionar la legitimidad de las instituciones democráticas de México. "No tenemos contubernios con nadie, actuamos con transparencia. Esta demanda es un acto de defensa institucional", aseguró ante los medios.

La presidenta subrayó que su gobierno ha cumplido todos los compromisos de cooperación en materia de seguridad y extradición con Estados Unidos, incluyendo el caso del propio Ovidio Guzmán. Aseguró que los procesos judiciales se han llevado a cabo respetando los derechos humanos y el debido proceso, sin favores ni simulaciones.

La sombra del caso Cienfuegos

El abogado también revivió el caso del general Salvador Cienfuegos, detenido en EE.UU. en 2020 y posteriormente exonerado en México, para justificar sus críticas. Sheinbaum aclaró que los documentos revisados en su momento demostraban que no había pruebas concluyentes contra Cienfuegos, y pidió a la FGR que transparente el expediente.

"Es muy claro que había inocencia", dijo Sheinbaum. También remarcó que este tipo de casos no deben utilizarse para construir narrativas que atentan contra la soberanía y el prestigio internacional del país. El respeto a las instituciones mexicanas debe ser la base del diálogo bilateral, concluyó.

Un precedente inusual

La decisión de iniciar una demanda por difamación desde la presidencia de México no tiene muchos precedentes recientes. De prosperar, podría redefinir los límites entre la libertad de expresión y la protección institucional frente a discursos que provienen de jurisdicciones extranjeras.

Expertos en derecho constitucional señalan que el caso podría marcar un antes y un después en la manera en que las autoridades mexicanas responden a ataques mediáticos o judiciales provenientes del exterior. Aun si Lichtman no reside en México, la demanda busca establecer responsabilidad simbólica y política.

Hay un lío muy intenso entre la presidenta de México, @Claudiashein y el abogado de los hijos de Joaquín, el Chapo, Guzmán. En este hilo les cuento.
Los hijos del Chapo van a firmar un acuerdo con la fiscalía para obtener beneficios. 1/6 pic.twitter.com/qc4f2JvPiW

— Patricia Janiot (@patriciajaniot) July 15, 2025

Sin muchas respuestas 

El anuncio de Claudia Sheinbaum responde tanto a una estrategia de defensa de su reputación como a un gesto de reafirmación institucional frente a una narrativa internacional que busca vincular al Estado mexicano con el narcotráfico. En un momento político clave, su gobierno opta por no permitir que acusaciones externas se instalen sin respuesta.

Aunque la eficacia legal de la demanda esté por verse, el mensaje político es claro: la presidencia mexicana busca mantener el control sobre su narrativa, sin permitir que se vulnere su autoridad mediante declaraciones sin fundamento que se amplifican en foros internacionales.