
Este miércoles habrá una audiencia clave en la Cámara Federal de Casación Penal por el futuro de Leonardo Bertulazzi, exmiembro del grupo izquierdista de las Brigadas Rojas que se encuentra actualmente detenido en Argentina.
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia avaló su extradición a Italia. Había sido arrestado el año pasado por orden de María Servini pero la Cámara de Casación revirtió la decisión. Con la resolución del máximo tribunal, volvió a quedar preso. Cabe destacar que en 2004, dos años después de radicarse en Buenos Aires, el Estado argentino le había concedido el estatus de refugiado político.
Sin embargo, la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), modificada por un decreto del gobierno libertario, se lo retiró el año pasado para que pudiera ser deportado a Italia, en el marco de un acuerdo entre el presidente Javier Milei y Giorgia Meloni.
La defensa de Bertulazzi sostiene que el gobierno argentino “viola la condición de refugiado” y exige que, al menos, pueda quedar bajo arresto domiciliario.
Aseguran que Servini “no tuvo en cuenta la edad ya que es mayor de setenta años ni su estado de salud porque tuvo un ACV en enero pasado. Ni, mucho menos, que es refugiado político y, como tal, tiene derecho a ser protegido y a permanecer en libertad”.
Por otro lado, subrayaron que “la Corte Suprema no analizó la prescripción de la acción, por hechos de hace casi medio siglo, y lo fundamental, que Bertulazzi es refugiado político según la Convención Internacional. Por esta razón se denunció el caso ante la CIDH y se espera una decisión sobre las medidas cautelares para impedir un eventual envío a Italia”.
La detención reciente de Bertulazzi fue celebrada con euforia por Patricia Bullrich: “Leonardo Bertulazzi, asesino prófugo, capturado por el DFI de la PFA en plena CABA. Se acabó el circo y los privilegios que otros le dieron: será extraditado”.
“Secuestrador y cómplice del asesinato del ex primer ministro Aldo Moro. Usó el refugio político como escondite. Se lo revocamos sin titubear. En esta Argentina ya no se protege a terroristas. Se los detiene”, había señalado en su cuenta de Instagram.
Al sujeto se lo acusa de haber participado en 1977 del secuestro del empresario Piero Costa, liberado tras el pago de un rescate millonario.