Colombia: crisis arrocera y el desafío para Gustavo Petro

El paro indefinido que protagonizan los arroceros en Colombia se ha convertido en uno de los mayores retos para el gobierno de Gustavo Petro en lo que va del año. Productores de siete departamentos clave para el sector agrícola -Tolima, Huila, Meta, Casanare, Córdoba, Santander y Arauca- decidieron salir a las carreteras tras denunciar el incumplimiento de acuerdos firmados en marzo. La tensión ha escalado rápidamente en plena temporada de cosecha.

La causa principal del conflicto radica en el precio que se paga actualmente por el arroz paddy verde, que oscila entre 170.000 y 185.000 pesos por carga de 125 kilos, mientras que los costos de producción superan esa cifra. Los agricultores reclaman un precio mínimo de entre 205.000 y 220.000 pesos, con diferencias regionales según las condiciones de cada zona productora. Aseguran que sin ese piso de rentabilidad, el cultivo se vuelve inviable.

Bloqueos y pérdidas crecientes

Las protestas se manifiestan con bloqueos intermitentes en varias vías estratégicas. Durante seis horas al día las carreteras permanecen cerradas y solo se permite el paso por una hora, lo que ha comenzado a generar afectaciones serias al transporte de alimentos, combustibles y pasajeros. Algunas de las regiones afectadas son nodos logísticos para la salida de carga hacia otras zonas del país.

Según estimaciones del gremio arrocero, las pérdidas por hectárea ya alcanzan los 2,5 millones de pesos, mientras que el exceso de inventarios ha presionado a la baja los precios en origen. El propio Ministerio de Agricultura reconoció que en 2024 el valor pagado al productor cayó un 11,8 %, al tiempo que los inventarios nacionales alcanzaron un récord de 534.940 toneladas, lo que representa un 67,8 % más que el promedio de la última década.

Un pliego con demandas estructurales

Más allá del precio mínimo, los productores reclaman una revisión de los tratados de libre comercio, que según ellos han inundado el mercado interno con arroz importado a precios más bajos. También exigen medidas reales contra el contrabando, el cual debilita la comercialización legal, y una política pública de financiamiento y subsidios para enfrentar la creciente carga de costos.

A esto se suma el pedido de mayor presencia del Estado en las mesas de negociación. Los voceros del paro insisten en que no basta con delegaciones técnicas del Ministerio de Agricultura. Quieren la participación de altos funcionarios de Comercio, Industria, Ambiente y Presidencia, lo que hasta ahora no se ha concretado.

La respuesta oficial: libertad regulada

El Gobierno intenta contener la protesta con la propuesta de un modelo de libertad regulada de precios. En concreto, plantea establecer precios mínimos regionales para el arroz paddy verde, que reflejen las condiciones particulares de cada región productora, y no un único valor nacional.

Otra medida incluida en el borrador de resolución oficial es la obligación para que todos los comercializadores informen el país de origen del arroz en empaques y puntos de venta. Con ello se busca dar transparencia al consumidor y proteger al productor local frente al arroz importado.

Los agricultores no ceden

Sin embargo, los líderes del paro consideran insuficiente la respuesta. Incluso si se llegara a fijar un precio de 205.000 pesos por carga, varios gremios aseguran que mantendrán los bloqueos hasta que haya compromisos firmes y verificables. La desconfianza frente al cumplimiento de lo pactado en marzo es alta.

También advierten que el momento es crítico: la cosecha principal del año está en curso, y cada día de inacción estatal agrava el riesgo de pérdidas generalizadas. Algunos sectores proyectan que, de continuar sin soluciones, el paro podría prolongarse hasta tres semanas más, con consecuencias en la seguridad alimentaria.

Un pulso que trasciende el arroz

Este conflicto se inserta en una tensión más amplia entre el Gobierno de Petro y los sectores rurales. Si bien el presidente ha prometido una transición agraria y justicia económica para el campo, los hechos muestran una creciente brecha entre el discurso y las herramientas concretas para contener crisis productivas.

El caso arrocero se suma a reclamos previos de caficultores, paperos y ganaderos. Todos comparten una percepción de abandono estructural y de ausencia de una estrategia de largo plazo. El agro colombiano sigue dependiendo del clima, los precios internacionales y medidas improvisadas ante cada crisis.

#NoticiaW #Córdoba | Tercer día de paro en la vía Lorica - Cereté, a la altura del antiguo puente metálico en Córdoba. Este paso conecta con el resto del Caribe colombiano pic.twitter.com/9ynXbgq53l

— W Radio Colombia (@WRadioColombia) July 16, 2025

Entre fallas y abismos 

El paro arrocero no es solo una protesta puntual, sino el reflejo de un modelo de desarrollo agrario que hace agua ante los vaivenes del mercado. Los agricultores no exigen privilegios: piden condiciones mínimas para competir y sobrevivir. Sin una acción estatal más decidida, el conflicto puede desbordarse y arrastrar a otros sectores.

Para el Gobierno, se trata de una prueba de fuego. No solo porque debe garantizar el abastecimiento y la movilidad, sino porque está en juego su credibilidad frente al mundo rural. Resolver el paro implica escuchar, negociar, pero también diseñar una política agraria que deje de ser reactiva y empiece a ser estructural.