
El incendio que se desató esta mañana en la ciudad de La Plata, en un edificio ubicado en diagonal 77 y 48 destapó una peligrosa cadena de omisiones institucionales.
El predio, utilizado como depósito clandestino de electrodomésticos, había sido clausurado por la Municipalidad de La Plata el pasado 25 de junio. Sin embargo, continuaba operando a pesar de que la Justicia de Faltas ratificó la clausura días después.
Según informó oficialmente la Subsecretaría de Comunicación Pública del Municipio, el lugar carecía de habilitación y funcionaba de manera irregular.
El acta de clausura, número 14.748, fue labrada por la Secretaría de Control Urbano el 25 de junio a las 11:49 hs. y notificada de inmediato al titular del inmueble. A pesar de que el Juzgado de Faltas N.º 5 confirmó la clausura el 27 de junio, la actividad en el depósito nunca se detuvo.
El 3 de julio, la Justicia reiteró la orden de cese de actividades al propietario, pero tampoco hubo cumplimiento. La Municipalidad ya elevó las actuaciones administrativas a la Justicia Penal de turno, intentando deslindar responsabilidades por la ineficacia de las medidas judiciales.
La gravedad del hecho obligó al Ejecutivo local a solicitar una pericia estructural urgente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. El objetivo es evaluar los daños en los edificios linderos y determinar si están en condiciones de seguridad y habitabilidad para permitir el retorno de las personas evacuadas.
A través de la Secretaría de Desarrollo Social, se activó un registro de evacuados para brindar contención integral a los vecinos afectados. También se dispuso la disponibilidad de alojamiento temporal en espacios municipales para quienes no puedan regresar a sus hogares de inmediato.
Durante todo el día, el Municipio desplegó un operativo interdisciplinario con personal de las áreas de Emergencias Territoriales, Seguridad, Control Urbano, Desarrollo Social, Salud y Ambiente. No se registraron víctimas ni heridos, aunque el siniestro evidenció serias fallas en el cumplimiento efectivo de las clausuras.
El caso vuelve a poner bajo la lupa la debilidad en los mecanismos de control judicial sobre los establecimientos clausurados, y deja en evidencia la falta de articulación efectiva entre los distintos niveles del Estado para garantizar la seguridad urbana.
FS