Santiago Díaz Asque y la denuncia que estremece a Ecuador

El asambleísta ecuatoriano Santiago Díaz Asque, vinculado a Revolución Ciudadana y conocido por su cercanía con el expresidente Rafael Correa, fue denunciado por la presunta violación de una niña de 12 años en su domicilio en Quito. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía por el padre de la menor, quien acusa al legislador de haber abusado de su hija durante una reunión privada donde, según testimonios, varios adultos consumían alcohol.

La investigación se hizo pública apenas cinco días después de que el propio Díaz Asque presentara una propuesta de reforma legal para reducir la edad mínima de consentimiento sexual en Ecuador de 18 a 14 años. La coincidencia entre ambas circunstancias ha desatado un escándalo político y judicial de gran magnitud, que amenaza con afectar profundamente la credibilidad del bloque correísta.

Delitos graves y defensa precaria

Según fuentes judiciales, la denuncia activó una serie de allanamientos en Quito el 9 de julio. La Fiscalía incautó dispositivos electrónicos, documentos y celulares del legislador con el objetivo de recabar evidencias. Aunque Díaz Asque no ha sido detenido, figura como principal investigado en un proceso en curso por delito sexual contra menor de edad.

En respuesta, el legislador se declaró inocente mediante una carta difundida en redes sociales, donde calificó el hecho como una "maniobra de persecución política". Asimismo, solicitó licencia sin remuneración de su curul, aunque hasta el momento no ha comparecido públicamente para ofrecer su versión directa de los hechos.

Una propuesta que anticipó la polémica

El 2 de julio, Díaz Asque presentó un proyecto para reformar el artículo 175 del Código Penal, solicitando la reducción de la edad de consentimiento legal. Argumentó que la Corte Constitucional había habilitado esa posibilidad, lo que para muchos fue un intento de normalizar relaciones con adolescentes. Diez asambleístas del bloque Revolución Ciudadana firmaron la propuesta.

La iniciativa generó rechazo inmediato. Diversas voces en el pleno legislativo acusaron al legislador de relativizar el consentimiento en menores, y se recordó el testimonio de la asambleísta Viviana Veloz, quien compartió que fue víctima de abuso a los cuatro años. Su intervención frenó temporalmente el debate y evidenció la sensibilidad del tema.

Respuesta del correísmo y consecuencias internas

El bloque de Revolución Ciudadana reaccionó con rapidez al escándalo. El 8 de julio, apenas un día después de la denuncia, expulsó a Díaz Asque de su curul y de la bancada. La decisión fue acompañada de un comunicado en el que afirmaron que "frente a sospechas de tamaña gravedad, no hay espacio para la indiferencia ni la espera".

Sin embargo, puertas adentro del movimiento, hay tensiones. Algunos miembros consideraron tardía y oportunista la reacción, señalando que el silencio inicial del legislador generó un costo político alto para la organización. No es la primera vez que el correísmo enfrenta señalamientos por encubrir o minimizar casos de violencia sexual.

Reaparición de antecedentes oscuros

El caso ha revivido recuerdos de episodios pasados. En 2009, el movimiento impulsó una amnistía para un dirigente campesino condenado por violar a una menor. Otro caso emblemático fue el de Jorge Glas Viejó, padre del exvicepresidente Jorge Glas, implicado en abuso sexual sin que el partido emitiera condenas claras.

Incluso dentro del sistema educativo se reportaron casos de profesores acusados de abuso que fueron protegidos o reemplazados sin sanciones ejemplares. Estos antecedentes configuran una narrativa preocupante sobre la manera en que sectores del correísmo han gestionado las denuncias de violencia sexual.

Reacción del gobierno y debate legal

El presidente Daniel Noboa aprovechó el contexto para impulsar una propuesta de reforma constitucional que habilite la castración química a violadores. Aunque la medida ha generado aplausos de sectores conservadores, también ha sido cuestionada por organizaciones feministas que advierten sobre su carácter punitivo y simbólico.

Desde la sociedad civil, colectivos de derechos humanos exigen que se prioricen políticas de prevención, educación sexual y justicia con perspectiva de género. Denuncian que muchas propuestas legales se centran más en castigar que en erradicar las condiciones estructurales que permiten la violencia sexual.

ATENCIÓN 🇪🇨 🚨 Santiago Díaz Asque del partido Revolución Ciudadana es acusado de violar a una niña de 12 años en Quito, Ecuador, se encuentra refugiado en Venezuela, protegido por el régimen de Nicolás Maduro ✅ pic.twitter.com/SPpCNesWib

— ABC Noticias (@abcesnoticias) July 13, 2025

Faltas y culpas 

El caso de Santiago Díaz Asque no sólo representa una denuncia grave contra un funcionario público, sino que expone las contradicciones y vacíos éticos de un sector político que ha oscilado entre la reivindicación popular y el blindaje corporativo. La velocidad con la que fue expulsado del correísmo revela una intención de cortar límites, pero también pone en evidencia la fragilidad interna del movimiento.

A la espera de pruebas concluyentes y de que la justicia actúe con celeridad, lo ocurrido reafirma que los espacios de poder no están exentos de violencia, y que las propuestas legales deben evaluarse no solo por su contenido jurídico, sino por el contexto y las motivaciones de quienes las impulsan.