
La decisión del presidente Gustavo Petro de anunciar la suspensión de las exportaciones de carbón térmico a Israel generó una ola de reacciones en junio de 2024. Presentada como una medida de presión diplomática por la situación en Gaza, la iniciativa fue ampliamente celebrada por sectores afines al gobierno. No obstante, un año después quedó en evidencia que el decreto fue más una estrategia de imagen que una política efectiva: el carbón colombiano nunca dejó de abastecer al mercado israelí.
El decreto 1047, firmado el 14 de agosto de 2024, formalizó la restricción. Pero introdujo una excepción decisiva: los contratos firmados antes de esa fecha no estarían sujetos a la prohibición. Amparadas en ese vacío, compañías como Drummond y Glencore siguieron enviando más de un millón de toneladas de carbón a Israel entre septiembre de 2024 y abril de 2025. Así, el decreto sirvió más para encabezar titulares que para detener embarques.
La medida fue presentada como un acto ético frente a la guerra, pero no contenía sanciones ni mecanismos reales de control. No hubo penalidades para las empresas que continuaran exportando ni un sistema de trazabilidad que verificara el destino final del mineral. En la práctica, la política quedó reducida a un gesto sin consecuencias.
Juristas como Milton Montoya del Externado explican que el gobierno prefirió respetar los contratos por temor a litigios internacionales. A esto se suma el Tratado de Libre Comercio vigente con Israel desde 2020, que otorga garantías robustas a los exportadores. Petro optó así por un equilibrio imposible: anunciar una sanción que no se ejecutaría.
Mientras el presidente impulsaba una narrativa de transición energética, las regiones mineras enfrentaban una contracción severa. Cesar y La Guajira, dependientes del carbón, sufrieron el impacto de una política sin alternativas viables. Gremios del sector criticaron la medida como populista e irresponsable, al castigar ingresos sin una ruta de sustitución clara.
El desplome de las exportaciones —de 67 millones de toneladas en 2024 a apenas 20 millones en 2025— comprometió el equilibrio fiscal. En este escenario, Israel se mantuvo como uno de los pocos socios constantes, incluso tras el rompimiento diplomático de mayo de 2024, lo que evidencia la importancia de ese vínculo comercial.
Aunque la relatora de la ONU Francesca Albanese acusó a las empresas de alimentar el conflicto, ninguna institución colombiana investigó o sancionó a las compañías implicadas. Tampoco hubo acciones concretas desde el ejecutivo. Mientras tanto, Israel siguió recibiendo el carbón necesario para su matriz energética sin interrupciones reales.
En lo internacional, la maniobra sirvió para que Petro cultivara su imagen de crítico de Israel. Pero internamente, la contradicción entre su retórica y la ejecución fue evidente. El comercio siguió su curso, protegido por la legalidad de los contratos y la inacción estatal.
#ENVIVO | Presidente Gustavo Petro: "El carbón colombiano no se vuelve bombas en Israel para matar niños" pic.twitter.com/TRqrvetrEd
— teleSUR TV (@teleSURtv) July 16, 2025
Lejos de representar un cambio de rumbo, la prohibición al carbón fue una herramienta propagandística sin impacto tangible. El gobierno colombiano priorizó el simbolismo sobre la ejecución, con una diplomacia ruidosa pero sin resultados. Israel, por su parte, no enfrentó ninguna consecuencia concreta y mantuvo el suministro de energía desde Colombia casi intacto.
Este episodio demuestra cómo los anuncios de alto perfil pueden ocultar una política débil, y cómo el discurso presidencial de Petro suele chocar con los límites de la realidad económica y jurídica.