Milman y Lemoine buscan sacar del PMO las operaciones de cambio de sexo biológico

Un proyecto presentado por el diputado del PRO, Gerardo Milman, pretende importantes modificaciones en la Ley 26.743, también conocida como Ley de Identidad de Género, que reconoce el derecho de toda persona a la identidad de género autopercibida.

Uno de los puntos más importantes está vinculado al financiamiento de los tratamientos médicos, hormonales o quirúrgicos con el fin de adecuar el cuerpo a la identidad autopercibida.

La redacción que propone Milman, también firmada por Lilia Lemoine, señala: “Quedan expresamente excluidos de la cobertura del sistema público de salud, del Plan Médico Obligatorio (PMO), del sistema de obras sociales, y de cualquier programa sanitario financiado con fondos públicos”.

Además, subraya que “el Estado no financiará, promoverá, ni difundirá intervenciones médicas, quirúrgicas o farmacológicas destinadas a modificar el sexo biológico”.

Así, contrasta fuertemente con la actual redacción, que señala que “los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en forma permanente los derechos que esta ley reconoce”.

“Todas las prestaciones de salud contempladas en el presente artículo quedan incluidas en el Plan Médico Obligatorio, o el que lo reemplace, conforme lo reglamente la autoridad de aplicación”, agrega también la normativa actualmente.

En otro de los cambios que propone Milman, “el Estado no podrá imponer a ninguna persona, institución educativa, empresa o entidad, el uso obligatorio de un nombre distinto al que figura en el documento nacional de identidad, ni sancionar a quien ejerza su libertad de expresión o de conciencia en desacuerdo con determinadas construcciones culturales o ideológicas”.

“La utilización del nombre autopercibido en ámbitos institucionales será voluntaria, no obligatoria, y deberá acordarse entre las partes, sin coacción estatal ni penalización administrativa”, se subraya.

Por otro lado, la propuesta del diputado del PRO destaca la importancia de la “neutralidad del Estado”.

De esta manera, “el Estado argentino y todos sus órganos, dependencias, entidades descentralizadas y empresas con participación estatal deberán abstenerse de promover, financiar, difundir o imponer construcciones ideológicas sobre el género o la sexualidad”.

“No podrá incluirse material pedagógico, campañas, charlas, ni contenidos de carácter obligatorio que hagan promoción directa o indirecta de la identidad de género autopercibida en los niveles educativos obligatorios, ni en organismos estatales de atención al público, sin consentimiento informado y previo de los padres o tutores legales de los menores de edad”, rezaría otra de las modificaciones a la ley vigente.

En los fundamentos, Milman subraya que “este proyecto no niega la libertad individual ni el derecho de toda persona a autodefinirse conforme a su vivencia interna del género. Por el contrario: reafirma el principio liberal de soberanía del individuo sobre su propio cuerpo y vida, pero lo encuadra en un marco que respeta los límites naturales del orden jurídico, la neutralidad ideológica del Estado, y el principio de no agresión fiscal hacia los contribuyentes”.

Y agrega: “La sanción de la Ley 26.743 constituyó un producto típico de una etapa política que se caracterizó por un sesgo estatista, paternalista e ideologizado. En nombre del reconocimiento de nuevas formas de identidad, se forjó un andamiaje normativo que obligó al Estado a intervenir, financiar, promover y hasta imponer determinadas concepciones culturales, lingüísticas y médicas que no gozan de consenso social ni científico, y que mucho menos deben ser objeto de financiamiento público compulsivo”.